Argentina redujo una condena internacional del 2001 y se ahorró USD 30 millones
El CIADI aceptó el planteo de la Procuración del Tesoro y redujo en un 20% una indemnización contra el país por la crisis de 2001.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
La Procuración del Tesoro de la Nación logró un triunfo clave en tribunales internacionales: consiguió que se reduzca en casi USD 30 millones una condena que pesaba sobre la Argentina por hechos vinculados a la crisis de 2001. En plata de hoy, son unos 42 mil millones de pesos que quedarán en las arcas públicas.
El recorte de la sanción fue avalado por el tribunal del CIADI, organismo del Banco Mundial que resuelve disputas entre Estados y empresas. El caso en cuestión es “Webuild S.p.A. c/ República Argentina”, derivado de la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y de las medidas tomadas en plena debacle del 2001, que terminaron con la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A.
De esta forma, la condena inicial de USD 147 millones quedó en USD 117 millones. La decisión se tomó luego del pedido de rectificación que la Procuración presentó el 11 de junio, y marca un avance concreto en la estrategia de mejorar la posición del país frente a litigios internacionales heredados.
El ahorro, además, no es menor. En un contexto donde cada divisa cuenta, el fallo a favor implica menos presión sobre las cuentas públicas y una señal positiva para las gestiones que la Argentina mantiene en otros arbitrajes.
Desde el Gobierno remarcan que este resultado muestra la seriedad con la que se encaran los litigios internacionales. A diferencia de épocas pasadas en las que se firmaban acuerdos desventajosos, la estrategia actual es pelear hasta el último tramo de cada caso para reducir el impacto financiero sobre el Estado.
En definitiva, el recorte de la condena no solo implica un alivio inmediato para el erario público, sino que también fortalece la imagen del país en el exterior. Se trata de una prueba concreta de que, con una defensa técnica y firme, la Argentina puede revertir fallos adversos y cuidar los recursos de todos.
El oficialismo, por su parte, lo toma como un respaldo a la política de orden y responsabilidad fiscal. Cada dólar que se evita pagar en sentencias heredadas es un dólar que se puede volcar a las prioridades internas. Y en ese sentido, el resultado conseguido por la Procuración confirma que el Gobierno no solo defiende la soberanía en el discurso, sino también en el terreno jurídico internacional.