Anmat habilita importación de remedios: el Gobierno apunta a bajar precios y ampliar la oferta
El organismo eliminó la obligación de enviar técnicos a verificar las plantas del exterior. La medida busca agilizar trámites y sumar competencia, aunque genera preocupación en la industria local y dudas sobre los controles de calidad.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
La Anmat dio un paso que promete mover el tablero del mercado farmacéutico: ya no será necesario que sus técnicos viajen al exterior para verificar las buenas prácticas de fabricación de los laboratorios que producen medicamentos que se importan a la Argentina. En adelante, bastará con aceptar los certificados emitidos por agencias sanitarias consideradas “confiables”.
El cambio desactiva una exigencia vigente desde 2005, que el Gobierno consideraba un freno innecesario para aprobar importaciones. Según la versión oficial, la idea es acortar los tiempos de autorización, facilitar el ingreso de más marcas y, en consecuencia, ampliar la oferta y generar precios más competitivos en las farmacias.
La medida, sin embargo, despierta polémica. Desde la industria farmacéutica local, que emplea a más de 40.000 personas de forma directa, temen que esta flexibilización derive en una competencia desigual y ponga en riesgo la producción nacional. Además, especialistas advierten sobre la necesidad de garantizar que los nuevos medicamentos importados mantengan los estándares de calidad.
Aunque la resolución lleva la firma de Salud, fuentes oficiales admiten que el impulso vino del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, quien ya había promovido una medida similar para insumos odontológicos y cosméticos. La intención es avanzar hacia una “desburocratización” de los controles que, según el Ejecutivo, trababan la importación.
En la práctica, el cambio podría abrir la puerta a medicamentos más baratos, especialmente genéricos provenientes de países como India o Brasil, donde los costos de producción son mucho menores. Pero también podría reavivar tensiones dentro del propio Gobierno, entre quienes priorizan la apertura y quienes buscan proteger la industria local.
El desafío será encontrar el equilibrio: abrir el mercado sin descuidar la seguridad sanitaria. Si la nueva normativa logra bajar precios sin afectar la calidad, el Gobierno podrá anotarse un punto político importante. Pero si aparecen problemas de control o diferencias de estándares, la discusión recién empieza.
