YPF: la Justicia de EE.UU. frena el avance de las demandas y le da aire a la Argentina

En un movimiento que trae algo de alivio, la Justicia de Estados Unidos decidió poner en pausa todas las demandas relacionadas con la expropiación de YPF. La medida implica frenar tanto el proceso de “discovery” como otros pedidos, incluido el de desacato, y representa un guiño favorable para la estrategia legal de la Argentina.

La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dispuso que ningún juzgado avance con el caso hasta que se resuelva la cuestión central: si el fallo de primera instancia fue correcto o no. Ese fallo, dictado por la jueza Loretta Preska, había condenado al país a pagar cerca de 18.000 millones de dólares.

Un freno clave en medio del litigio

La medida llega después de un pedido urgente presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que buscaba justamente evitar que avanzaran nuevas acciones mientras se analiza la apelación.

El planteo fue impulsado por Sebastián Amerio, en sus primeros días al frente del organismo, y apuntaba a congelar cualquier intento de ejecución del fallo hasta que haya una definición de fondo.

Con esta resolución, los tribunales no podrán avanzar en reclamos ni en nuevas instancias de investigación. Esto incluye, por ejemplo, pedidos de información orientados a detectar activos argentinos en el exterior que podrían ser utilizados para cobrar la sentencia.

El caso tiene su origen en la estatización de YPF en 2012, una decisión que derivó en reclamos millonarios por parte de fondos litigantes, entre ellos Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia.

Desde entonces, el litigio se convirtió en uno de los más sensibles para la Argentina en el plano internacional, tanto por el monto en juego como por sus posibles consecuencias financieras.

En este contexto, la decisión de la Cámara de Apelaciones implica que, al menos por ahora, esos reclamos quedan en suspenso y no podrán avanzar.De cara a lo que viene, hay tres caminos posibles. El primero es que la Cámara considere que el fallo original estuvo mal planteado, lo que sería un triunfo total para la Argentina.

El segundo, que valide completamente la decisión de Preska, lo que dejaría al país en una situación complicada, obligado a afrontar el pago millonario.

Y el tercero, un escenario intermedio: que se mantenga parte del fallo pero se ordene revisar aspectos clave, como el monto de la indemnización o incluso el lugar donde debe tramitarse la causa.

Un respiro, pero no el final

Por ahora, en el Gobierno celebran la decisión como un paso importante para defender los intereses del país. El hecho de haber logrado frenar medidas que podían avanzar sobre activos o profundizar el conflicto judicial es visto como un logro en esta etapa.

Sin embargo, el frente sigue abierto y la definición de fondo será la que realmente marque el rumbo del caso. La Cámara no tiene un plazo fijo para expedirse, aunque este tipo de decisiones suele demorarse entre seis y doce meses.

En paralelo, los fondos demandantes habían intentado acelerar el proceso con distintas estrategias, como pedidos de embargo o planteos para declarar al Estado en desacato. Con la nueva resolución, todas esas iniciativas quedan en stand by.

Lo que viene será clave. Si el fallo termina favoreciendo a la Argentina, el caso podría darse prácticamente por cerrado, más allá de posibles apelaciones. Si no, el país tendrá que enfrentar uno de los mayores desafíos judiciales y financieros de su historia reciente.

Mientras tanto, la pelota quedó del lado de la Cámara de Apelaciones. Y en ese despacho, lejos del ruido político, se juega una partida que puede tener impacto directo en las cuentas públicas y en la relación del país con los mercados internacionales.