El Gobierno se pronuncia sobre irregularidades en la nacionalización de YPF, ¿Qué pasó?
Ante las acusaciones sobre irregularidades en la transferencia de YPF de Repsol al Estado, el Gobierno argentino respalda una investigación y reafirma su intención de esclarecer los hechos, sin renunciar a su postura sobre la jurisdicción.
El Gobierno argentino ha dado una respuesta formal a las denuncias de irregularidades en la nacionalización de YPF. Esto surge tras una acusación presentada la semana pasada por una organización que cuestiona el procedimiento que llevó a la transferencia de la petrolera desde la española Repsol al Estado argentino. Dicha entidad ha pedido que se inicie una investigación penal tanto contra los denunciantes como contra otros actores clave en la transacción, incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Enrique Eskenazi, quien estuvo involucrado en la compra de las acciones de la empresa.
Juan Ignacio Stampalija, Subprocurador del Tesoro de la Nación, fue el encargado de expresar el apoyo del Estado a la declaración de la ONG, justo antes de la fecha límite fijada para este martes. La intervención del Gobierno buscaba aclarar las dudas que habían surgido sobre su postura, ya que mantenía silencio hasta el último momento, lo que dio lugar a especulaciones sobre su enfoque ante las demandas internacionales.
En su documento oficial, el Gobierno reafirma su compromiso de esclarecer cualquier hecho relacionado con la compra de acciones de YPF por la familia Eskenazi. Además, se reiteró que el país se mantendrá firme en su postura ante los tribunales internacionales, en consonancia con la moción presentada por Republican Action por Argentina.
Asimismo, el Gobierno argentino se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades de Estados Unidos en cualquier investigación que pueda aclarar los pormenores de la nacionalización. Sin embargo, señaló que dicha cooperación no implica renunciar a su postura de que los tribunales estadounidenses no son el ámbito adecuado para resolver este tipo de reclamos.
En reiteradas ocasiones, el Gobierno ha subrayado que la jurisdicción correcta para tratar estas cuestiones debería ser la de los tribunales nacionales. Así, aunque confirma su disposición a cooperar en la indagación de los hechos, no cede en su argumento sobre la competencia judicial.
