Una mirada a las cuentas públicas tras dos años de superávit fiscal

El segundo año de la gestión Milei volvió a mostrar un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI.

Pese a que la eliminación del impuesto PAIS implicó una pérdida de recaudación cercana a 1% del PBI, el Gobierno logró mantenerse solvente en el plano fiscal y consolidó este resultado como uno de sus principales activos de gestión.

De cara a 2026, el presupuesto prevé un superávit levemente mayor, de 1,5% del PBI, mientras que el FMI, en su última revisión, sugiere elevarlo a 1,6% del PBI.

Sin embargo, tras una muy fuerte reducción del gasto público durante 2024, el margen para continuar ajustando partidas luce más acotado si no median reformas estructurales. En este escenario, la mejora de las cuentas públicas deberá estar asociada a una mayor recaudación impulsada por el crecimiento económico y por cambios en el sistema tributario, cuya reforma se espera que ingrese al Congreso en los próximos meses.

En detalle, el Gobierno redujo 5,4 puntos del PBI del gasto público nacional desde su asunción, llevándolo a niveles similares a los de 2006.

En comparación con 2024, los recortes alcanzaron prácticamente a todas las partidas. Los mayores ajustes se concentraron en inversión en infraestructura (1,2% del PBI), planes sociales discrecionales (1% del PBI) y subsidios a tarifas (1,1% del PBI).

Las jubilaciones, en cambio, mostraron una recuperación respecto de 2024 y se ubican apenas 0,1% del PBI por debajo de 2023. También se redujeron las transferencias discrecionales a provincias (0,5% del PBI) y el gasto en salarios públicos (0,8% del PBI).

A diferencia de otros períodos, el ajuste salarial no respondió solo a la licuación —los salarios reales cayeron 14,4% desde noviembre de 2023— sino también a una reducción del empleo público. Según el INDEC, hay 61 mil empleados menos en la administración pública nacional, equivalente al 18% del personal.

De cara a 2026, continuar recortando el gasto parece más complejo. El propio presupuesto proyecta un leve aumento de 0,2% del PBI en el gasto primario. Sin aceleración inflacionaria ni reforma previsional, no habría nuevas contracciones en jubilaciones, que explican 42% del gasto primario.

Además, la desaceleración inflacionaria tiende a recomponer los haberes jubilatorios y, por lo tanto, el gasto. Las transferencias a provincias también podrían aumentar en un año con intensa negociación legislativa, especialmente con la reforma tributaria y laboral en debate.

Algo similar ocurre con la obra pública, hoy en niveles históricamente bajos (0,4% del PBI), difíciles de sostener indefinidamente.

Así, para mantener o ampliar la consolidación fiscal, los ingresos tributarios deberán crecer en términos del PBI, sin que ello implique necesariamente subas de alícuotas.

Existe margen para mejorar la eficiencia recaudatoria. Desde fines de 2017, en paralelo a la caída del salario privado formal (21%), la recaudación de la seguridad social bajó de 6,8% a 5,5% del PBI, y Ganancias pasó de 2,6% a 1,5% del PBI.

El presupuesto contempla un incremento de 0,3% del PBI en ingresos tributarios. De hecho, en 2025 la recaudación nacional —sin impuesto PAIS— subió de 14,3% a 14,5% del PBI.

En suma, tras el fuerte ajuste de 2024, las cuentas fiscales se estabilizaron en 2025 y probablemente sigan una trayectoria similar en 2026. Con capacidad limitada para seguir bajando el gasto, las rebajas impositivas serán graduales y condicionadas por la evolución del fisco.

Las retenciones podrían continuar disminuyendo de manera progresiva, aunque el Gobierno mantendrá la discrecionalidad sobre el timing y la magnitud, en función del desempeño de la actividad y la recaudación, en un 2026 que se perfila menos volátil en el frente financiero y cambiario.