Saqueos, denuncias y la respuesta del Gobierno
Kicillof señaló que el problema se estuvo gestando desde el fin de semana anterior y mencionó que hubo denuncias falsas al 911 que contribuyeron a exacerbar la situación.
Por Gonzalo Andrés Castillo
Redactor especialista en finanzas y mercado de capitales
En las últimas horas, una serie de saqueos comenzó a generar inquietud en distintas regiones de Argentina, incluyendo zonas del conurbano bonaerense, así como en Mendoza y Córdoba. Estos actos delictivos pusieron en alerta a las autoridades y desencadenaron un conjunto de acciones por parte del Gobierno para tratar de contener la situación.
Concretamente, el gobernador Axel Kicillof se reunió con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, con el propósito de supervisar la seguridad en el conurbano. Posteriormente, se anunció que ya se efectuaron 94 detenciones y que se controlaron más de 150 intentos de saqueo gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad.
La escalada de violencia y saqueos llevó a cuestionamientos sobre sus orígenes. Kicillof señaló que el problema se estuvo gestando desde el fin de semana anterior y mencionó que hubo denuncias falsas al 911 que contribuyeron a exacerbar la situación. En este contexto, mantuvo comunicación constante con otros funcionarios clave, como el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Julio Alak, para abordar la respuesta judicial a los detenidos.
El gobernador también dialogó con los intendentes de la región y coordinó charlas con los propietarios de supermercados y comercios para prevenir nuevos incidentes, haciendo hincapié en la necesidad de detener la violencia y entender sus motivaciones. "Nosotros necesitamos saber si son grupos violentos y que esto cese inmediatamente", afirmó.
El tema de los robos adquirió un tono político en medio de acusaciones cruzadas. Mientras el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández y su contraparte provincial evitaron señalar responsables políticos directos, la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti indicó que militantes de ciertas figuras políticas instigaron los saqueos a través de las redes sociales.
En medio de esta controversia, el líder piquetero Raúl Castells sorprendió al admitir públicamente ser el "responsable político" de los saqueos, agregando que la responsabilidad última recae en el Gobierno y en las políticas económicas que afectaron a la población. Su confesión llevó a la presentación de una denuncia penal en su contra por instigación a cometer delitos.
Específicamente, la fiscal federal Alejandra Mangano impulsó una investigación sobre la participación de Castells y sus seguidores en los saqueos, solicitando un relevamiento exhaustivo de los incidentes, incluyendo su ubicación geográfica y las personas involucradas. Además, se pidió un análisis de las redes sociales para identificar posibles conexiones con la instigación a la violencia.