El Gobierno modifica el régimen de liquidación de bienes inmuebles del Estado y amplía las tasaciones y subastas
La modificación, oficializada a través del Boletín Oficial, permite la intervención de entidades bancarias públicas en operaciones de tasación y subasta, estableciendo nuevas condiciones para la liquidación de bienes inmuebles del Estado.
El gobierno a cargo de Javier Milei implementa una modificación en el régimen de liquidación de bienes inmuebles del Estado, la cual se oficializa este lunes mediante el Boletín Oficial. A través del decreto 176/2025, se adapta el decreto anterior 2670/2015, ampliando el papel de entidades bancarias públicas en la tasación y subasta de estos activos.
Según lo establecido, “el canon base será establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por entidades bancarias públicas o entidades que actúen como agentes financieros del Estado, nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales o internacionales”. De esta manera, estas entidades no solo fijan el canon, sino que también tienen la responsabilidad de definir las actualizaciones correspondientes.
El nuevo decreto también otorga al Ejecutivo la facultad de autorizar, de manera previa, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que disponga y enajene inmuebles. Las autoridades de esta Agencia tienen, además, la capacidad de aprobar los contratos de venta que fueron firmados antes de la implementación de esta reglamentación.
En cuanto a los mecanismos de venta, la normativa permite que el organismo pueda llevar a cabo un “procedimiento de venta directa, con previa autorización del Poder Ejecutivo Nacional” en situaciones específicas. Esto se aplica cuando, por ejemplo, la ocupación de los inmuebles destinados a vivienda única, comercio o industria es superior a cinco años, o cuando las cooperativas de vivienda u organizaciones sin fines de lucro requieren inmuebles que cuenten con el carácter de "vivienda social". Por último, se señala que la decisión de utilizar este sistema de contratación directa es opcional para la Agencia y no genera derechos automáticos a favor de los solicitantes.
Mientras algunos celebran la posibilidad de una gestión más eficiente de los bienes estatales, otros critican la falta de transparencia en el proceso. El Gobierno asegura que estas modificaciones buscan optimizar recursos y fomentar la inversión, pero la oposición advierte sobre posibles riesgos de corrupción.
