El Gobierno inicia la privatización de Corredores Viales, que administra 6.000 km de rutas

El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales SA, empresa pública que administra aproximadamente 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida fue publicada el 1 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1284/2025, marcando un avance en la política estatal de privatizaciones impulsada por el Gobierno nacional.

Esta acción se basa en la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que estableció que Corredores Viales SA debía ser privatizada, y se complementa con los decretos 695/2024 y 97/2025 que reglamentan el proceso. La privatización se llevará adelante bajo la supervisión del Ministerio de Economía, con la colaboración de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

El objetivo principal es la extinción de los contratos de concesión vigentes mediante mutuo acuerdo, la adjudicación de esos corredores viales a nuevos operadores privados y, finalmente, la disolución y liquidación de la empresa estatal. Para ello, la Secretaría de Transporte debe realizar un inventario de los bienes que la empresa estatal deberá devolver al Ministerio de Economía y preparar la documentación necesaria para finalizar los contratos actuales.

Además, la Secretaría tiene la tarea de proponer una nueva división de los tramos de la red vial nacional, evaluar el estado de los mismos y de las obras de infraestructura, y solicitar la rescisión de contratos que no se consideren prioritarios. Todo el proceso de licitación y adjudicación se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, conforme al decreto 416/2025.

La “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será responsable de coordinar las acciones necesarias para cumplir con el cronograma establecido. Entre sus funciones está la solicitud de valuaciones de los flujos futuros derivados de la explotación por peaje, así como la tasación de los bienes de Corredores Viales SA, que deberá realizar el Tribunal de Tasaciones de la Nación o un organismo público nacional.

La resolución establece un plazo máximo de doce meses desde la vigencia de la medida para concretar la concesión de los tramos de la red vial y proceder a la disolución y liquidación de la empresa estatal. Asimismo, la Secretaría de Transporte deberá elaborar y tramitar toda la documentación técnica, licitatoria y contractual, con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que podrá solicitar apoyo técnico y operativo a Corredores Viales SA.

Este proceso forma parte de una política más amplia de transformación y reducción del sector público nacional, que incluye la intervención, liquidación, cierre, venta total o parcial de acciones, fusiones, escisiones y disolución de empresas estatales, según lo asignado a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria. La privatización impactará en la gestión de la red vial nacional y en la estructura del sector público, abriendo la posibilidad a la participación de operadores privados nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública por peaje. Según datos oficiales al cierre de junio de 2025, Corredores Viales contaba con 3.307 empleados y registró un superávit financiero de $5.200 millones en el primer semestre, lo que evidenció que no requirió transferencias del Tesoro nacional para su funcionamiento.