Modernizar el Estado: la llave para recuperar hasta el 7,2% del PBI y ganar eficiencia
Cada punto porcentual de ineficiencia representa miles de millones de dólares que podrían destinarse a infraestructura, salud o educación.
Por Gonzalo Andrés Castillo
Redactor especialista en finanzas y mercado de capitales
La modernización del Estado argentino es uno de los desafíos más urgentes para garantizar un desarrollo sostenible y mejorar la eficiencia del gasto público. Los números así lo demuestran. Según un informe de la Universidad del CEMA (UCEMA), las ineficiencias en el gasto estatal representan hasta un 7,2% del PBI, muy por encima del promedio latinoamericano (4,3%). De ese total, 1,9 puntos del PBI se pierden en filtraciones y programas sociales mal focalizados.
El diagnóstico es consistente con lo que advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): las ineficiencias en el gasto público de los países de América Latina y el Caribe generan pérdidas anuales equivalentes a hasta el 4,6% del PBI. Reducir esos desvíos podría impulsar un aumento del crecimiento económico del 1,8%, al fortalecer las cuentas fiscales y reducir la carga de la deuda.
En otras palabras, no modernizar el Estado tiene un costo económico tangible y persistente. Cada punto porcentual de ineficiencia representa miles de millones de dólares que podrían destinarse a infraestructura, salud o educación. La falta de digitalización, la fragmentación administrativa y los procesos manuales no solo ralentizan la gestión pública sino que también deterioran la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para cumplir su rol.
La oportunidad de modernizar el Estado
Frente a ese escenario, la transformación digital del sector público dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Requiere rediseñar procesos, incorporar tecnología y, sobre todo, cambiar una cultura burocrática que muchas veces resiste el cambio.
“Modernizar el Estado no es una cuestión de moda o de tendencia. Es una necesidad urgente para mejorar la eficiencia de los recursos. Y para hacerlo bien, hay que entender cómo funcionan los engranajes desde adentro”, afirma Gastón Gugliotta, gerente general de Streambe, empresa tecnológica argentina que trabaja con organismos públicos como ARCA, Aduana, el Ministerio de Producción y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
A diferencia de otras firmas que ofrecen soluciones estándar, Streambe apuesta a combinar ingenieros con politólogos, sociólogos y expertos en políticas públicas, un modelo que les permite abordar proyectos complejos con una mirada integral. “La transformación digital del Estado requiere voluntad política, cambio cultural y planificación tecnológica. Nosotros tratamos de ayudar en las tres cosas”, resume Gugliotta.
Cómo fortalecer los proyectos
En los últimos meses, algunas provincias lanzaron proyectos para impulsar la modernización del Estado. En octubre de este año, la provincia de Buenos Aires aprobó la extensión hasta diciembre de 2026 de un programa gestionado con Naciones Unidas que busca “fortalecer la transformación tecnológica de la administración pública bonaerense”. Y a fines del 2024 se publicó el “Plan de Modernización Gobierno del Chaco 2024-2027”, que incluye “herramientas y metodologías para la simplificación, racionalización y modernización administrativa promoviendo un Estado ágil, proactivo e inteligente”.
Sin embargo, estos intentos aislados requieren de una mayor integración que permita escalar estas ideas a nivel nacional. Es ahí donde el sector privado puede aportar su conocimiento y recursos. Ejemplo de esto es Generación Salud, un programa de atención primaria municipal que utiliza inteligencia artificial para clasificar consultas médicas, asignar turnos y ofrecer telemedicina en zonas donde no llega la salud pública. “Estamos entregando una herramienta que permite resolver consultas básicas y dar una respuesta rápida, incluso en lugares sin cobertura”, señala Gugliotta, de Streambe.
Además, la compañía también impulsa el programa Generación T, que ya capacitó a más de 15.000 personas en 23 provincias y 200 municipios, con trayectos formativos adaptados a cada contexto local. “La transformación digital del Estado requiere voluntad política, cambio cultural y planificación tecnológica. Nosotros tratamos de ayudar en las tres cosas”, resume Gugliotta.
