Empresas de colectivos pierden $370 millones diarios por el aumento del gasoil
La brecha entre el precio real del combustible y el valor reconocido por el Estado genera un déficit que obliga a reducir frecuencias y tensiona la relación con el Gobierno.
La crisis en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó un nuevo nivel de tensión debido a la suba del precio del gasoil. Las empresas de colectivos, agrupadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), denunciaron una pérdida diaria de $370 millones por la diferencia entre el costo real del combustible y el monto que el Estado reconoce en la estructura tarifaria.
El gasoil representa cerca del 20% de los costos operativos del transporte y, mientras la Secretaría de Transporte de la Nación reconoce un precio de $1.744,27 por litro para abril de 2026, el valor de mercado en estaciones de YPF asciende a $2.065. Esta diferencia de $320,73 por litro se amplía aún más en canales mayoristas, donde las empresas adquieren combustible entre $2.100 y $2.444 por litro, situación que no se ve reflejada en las compensaciones estatales.
La presión internacional también impacta en esta problemática, ya que el conflicto en Medio Oriente provocó un aumento global en los precios del combustible. En el AMBA, el consumo diario supera el millón de litros, lo que implica un gasto anual aproximado de $870 mil millones solo en combustible. La falta de actualización tarifaria hace insostenible la operación habitual del sistema.
Ante esta situación, las empresas implementaron una "readecuación operativa de emergencia" que se tradujo en una reducción significativa de las frecuencias en líneas nacionales y provinciales, afectando a millones de usuarios. Desde Aaeta aclararon que esta merma no fue consecuencia de medidas gremiales, sino una "racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil".
Algunas líneas, como la 64, 65 y 151, mantuvieron sus servicios habituales, mientras que muchas otras, incluyendo la 136, 163, 166, 176, 182 y 194, experimentaron interrupciones o demoras prolongadas. La normalización comenzó de forma gradual tras la recepción de algunos pagos de subsidios, aunque las empresas advierten que no se ha alcanzado una solución definitiva.
El "Índice Bondi" correspondiente a febrero de 2026, elaborado antes del aumento reciente del gasoil, ya reflejaba desequilibrios estructurales. Según Aaeta, el costo real de mantenimiento del sistema fue de $387.270,60 millones, mientras que el Estado reconoció $298.433,63 millones, generando una pérdida mensual de casi $89.000 millones que impacta en la calidad del servicio y la renovación de unidades.
Además, el costo real del boleto sin subsidios es de $1.922, pero el valor mínimo actual es de $700. Esto significa que, sumando lo que pagan los usuarios y las compensaciones estatales, las empresas pierden $182,63 por cada pasajero transportado.
El Gobierno nacional sostiene que cumplió con el pago de subsidios y que no hay justificación para la reducción de frecuencias. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inició fiscalizaciones y labró actas de infracción, con sanciones que pueden ir desde 500 hasta 15.000 boletos mínimos. También advirtieron que la interrupción prolongada del servicio puede llevar a la caducidad del permiso de explotación por abandono.
En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, alertó sobre el riesgo de quiebra de las empresas y la posible pérdida de conectividad para miles de ciudadanos. Como medida paliativa, la provincia adelantó pagos de subsidios correspondientes a abril y elevó el porcentaje de anticipo al 60% para evitar una paralización total.
Tras una reunión entre funcionarios nacionales y representantes empresariales, se acordó conformar mesas de trabajo técnicas para buscar una reestructuración integral del sistema. El objetivo es absorber el aumento del gasoil sin que esto se traduzca en un incremento directo y masivo de las tarifas para los pasajeros.
Las empresas advierten que, sin una actualización urgente de los subsidios o tarifas, la crisis se profundizará, afectando la frecuencia y calidad del servicio. Usuarios y trabajadores reclaman soluciones inmediatas para evitar un colapso del transporte público.
