Empleo público cayó en julio y suma más de 53.000 puestos perdidos en 20 meses de Milei
El Ministerio de Desregulación informó una baja de 1.164 empleos en julio, con una reducción total de 53.345 puestos desde el inicio del gobierno de Javier Milei, especialmente en empresas estatales y la administración pública.
El empleo público en Argentina continuó su descenso en julio, registrando una pérdida de 1.164 puestos de trabajo según el último informe del Ministerio de Desregulación y Transformación, liderado por Federico Sturzenegger. En total, desde el inicio de la administración de Javier Milei hace 20 meses, se eliminaron 53.345 empleos, lo que representa una caída del 10,6% en la nómina estatal.
Este ajuste se ha concentrado en dos áreas: las empresas estatales y la Administración Pública Nacional (APN). En las compañías públicas, la plantilla laboral se redujo de 91.166 a 74.280 empleados, una contracción del 18,5%. Por su parte, en la APN, los puestos bajaron de 205.550 a 174.430, lo que equivale a una disminución del 15,1%, con una pérdida de 31.114 trabajadores. Mientras que el personal permanente y transitorio bajó un 9,4%, los empleados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los monotributistas con contratos LOYS (Decreto 1109/17) sufrieron reducciones más profundas, del 22,1% y 52,4% respectivamente.
La estrategia del gobierno para reducir el gasto público comenzó con la finalización de contratos y retiros voluntarios, y en los últimos meses se apoyó en ajustes salariales para incentivar la salida voluntaria de empleados. Según el índice de salarios estatales, el poder adquisitivo cayó un 14,3% entre noviembre de 2023 y junio de 2025, aunque fuentes gremiales señalan que para el Nivel D Grado 0 la baja real alcanzó el 27%.
El Ministerio de Desregulación destacó que la reducción de personal implicó un ahorro anual en sueldos de USD 1.053 millones. Teniendo en cuenta los costos adicionales como infraestructura y equipamiento, este ajuste se estima en USD 2.106 millones. En detalle, en los contratos regidos por la Ley Marco el ahorro anual en sueldos fue de USD 256 millones y totalizando USD 512 millones al incluir costos indirectos.
Asimismo, el personal con contratos permanentes y transitorios generó un ahorro de USD 297 millones en sueldos, que asciende a 594 millones con gastos adicionales. En los contratos LOYS, el ahorro anual en sueldos fue de USD 64 millones, llegando a 128 millones al considerar infraestructura.
La oposición criticó la medida, advirtiendo que podría afectar la calidad de los servicios públicos y aumentar la precarización laboral. Por su parte, el gobierno defendió la política como necesaria para mejorar la eficiencia y reducir el déficit fiscal.
