El Gobierno deroga resolución de 2012 para agilizar patentes de medicamentos
La nueva norma elimina restricciones previas y otorga al INPI la facultad de decidir cada caso, promoviendo acceso a terapias innovadoras y alineando la normativa con estándares internacionales.
El 18 de marzo de 2026, el Gobierno argentino derogó una resolución vigente desde 2012 que imponía diversas restricciones para el otorgamiento de patentes de medicamentos. La nueva disposición establece que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) será el encargado de evaluar cada solicitud de patente de manera individual, sin las condicionantes que dificultaban el proceso anteriormente.
La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular del INPI, Carlos María Gallo, publicada en el Boletín Oficial. Con esta acción, se dejó sin efecto el protocolo técnico que regulaba la patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas, devolviendo al INPI la capacidad de decidir caso por caso sobre la concesión de patentes.
Además, la nueva norma introduce un cambio clave para el mercado farmacéutico local: señala que los titulares de patentes relacionadas con productos farmacéuticos ya comercializados en Argentina no podrán impedir su continuidad en el mercado ni exigir compensaciones económicas por ello. Esta disposición busca proteger la comercialización vigente sin afectar el acceso de la población a los medicamentos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque no firmó la resolución, manifestó su respaldo en su cuenta de X. Destacó que la medida "representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país" y criticó la normativa anterior, que "había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina" y retrasaba la llegada de tratamientos innovadores.
Sturzenegger explicó que el INPI ahora evaluará las patentes "sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo" y aclaró que los medicamentos ya presentes en el mercado "no se verán afectados de manera alguna y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución".
El funcionario también vinculó esta reforma con el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, apuntando que la derogación alinea al país con "los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales", facilitando la apertura del mercado estadounidense para la industria farmacéutica argentina.
Un análisis del estudio Marval, O’Farrell & Mairal calificó esta resolución como un "punto de inflexión importante en el panorama de las patentes del país". Sin embargo, advirtió que la medida podría generar debates sobre su alcance y posible validez constitucional, particularmente en lo que respecta a los derechos de los titulares de patentes.
El ministerio de Desregulación resaltó que esta reforma "moderniza el sistema de patentes farmacéuticas para garantizar el acceso a mejores tratamientos". Entre sus beneficios, destacó que un sistema más claro permite acelerar la llegada de medicamentos innovadores, fortalece la seguridad jurídica, fomenta la inversión en salud y tecnología, y promueve la integración con estándares internacionales, además de proteger la comercialización actual y estimular la competencia a largo plazo.
