El gobierno de Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada para impulsar la industria local
A través del Decreto 483/2026, se amplió el régimen para facilitar la entrada de maquinaria usada, agilizando trámites y fortaleciendo sanciones para promover la producción con valor agregado en Argentina.
El gobierno de Javier Milei anunció una reforma en el régimen de importación de maquinaria usada con el fin de incentivar la producción industrial local y mejorar la competitividad de las empresas nacionales. La medida fue oficializada mediante el Decreto 483/2026, publicado el martes 20 de junio en el Boletín Oficial.
Esta actualización modifica el esquema vigente desde 2016, buscando facilitar el acceso a equipamiento productivo usado, agilizar los procesos administrativos y endurecer las sanciones ante incumplimientos. Según el Ejecutivo, la normativa se adapta a los actuales lineamientos de política industrial y comercial para promover la incorporación tecnológica y el valor agregado en la producción argentina.
Entre las principales novedades, se extiende la antigüedad permitida para maquinaria usada hasta 20 años, con posibilidad de ampliar a 30 años si los bienes han sido reconstruidos o actualizados para prolongar su vida útil. Además, se redujo del 30% al 10% el requisito de compra de bienes nacionales sobre el valor FOB de la maquinaria importada.
El régimen ahora incluye líneas de producción completas que contengan maquinaria usada para proyectos aprobados de mejora competitiva, así como bienes complementarios indispensables para su funcionamiento. También se habilita la importación de equipos usados para el tratamiento de contaminantes ambientales en plantas industriales o de generación eléctrica, y para sistemas automatizados de almacenamiento conocidos como “almacenes inteligentes”, que integran maquinaria, equipos y software.
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad encargada del régimen. Esta Secretaría, junto con la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, tendrá la facultad de aprobar proyectos y dictar normas complementarias.
Para acceder a los beneficios, las empresas deberán realizar compras de bienes nuevos nacionales por al menos el 10% del valor FOB de la maquinaria usada importada. Esta inversión puede destinarse a la línea productiva del proyecto, otras áreas de la empresa o a proveedores vinculados directamente con la producción. Además, se exigirá un dictamen técnico elaborado por un organismo estatal, universidad nacional o un ingeniero matriculado que evalúe el proyecto.
Los proyectos deberán implementarse en un plazo máximo de un año desde su aprobación, con posibilidad de prórrogas justificadas. Para evitar demoras burocráticas, se mantiene la posibilidad de obtener una Constancia de Expediente en Trámite (CET), que permite avanzar con la importación mediante garantías aduaneras sin que esto implique la aprobación definitiva del proyecto. La norma establece que todas las gestiones relacionadas a estas importaciones serán tramitadas a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y validadas automáticamente mediante el Sistema Informático Malvina (SIM).
En cuanto a las sanciones, el decreto endurece las penalidades para quienes incumplan las condiciones del régimen. Entre las medidas previstas se encuentra la ejecución total de las garantías cuando no se presenten las rendiciones de cuenta, se utilice indebidamente la constancia de trámite o no se concreten las inversiones comprometidas. Además, si se detecta documentación fraudulenta, la autoridad podrá inhabilitar a la empresa para acceder al régimen por tres años y ejecutar las garantías correspondientes.
También se contempla una multa económica adicional equivalente al 20% de los tributos no ingresados, más intereses y cargos punitorios. Por último, el decreto alcanza a expedientes abiertos o pendientes, incluso aquellos iniciados bajo regímenes anteriores, con el objetivo de unificar criterios y acelerar su resolución.
La medida busca dinamizar la inversión productiva, reducir costos y facilitar la modernización tecnológica de las pymes, clave para la generación de empleo y el desarrollo regional. Empresarios y cámaras industriales valoraron el cambio como un impulso necesario.
