El Gobierno apunta a privatizar AySA en el menor plazo posible

El plan de Javier Milei para privatizar empresas públicas sigue tomando forma, y ahora le llegó el turno a AySA, la empresa que maneja el agua potable y el saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano. La idea no es sólo venderla: quieren que sea el “ejemplo perfecto” de que el Estado todavía tiene empresas valiosas, con activos tangibles y servicios clave, que pueden atraer inversión privada y generar dólares sin necesidad de seguir pidiendo prestado.

Desde hace meses, el Gobierno viene trabajando puertas adentro con la mira puesta en la privatización. Con el aval que les dio la Ley Bases, el plan es vender el 51% de la compañía en una licitación pública, poner el 39% en la Bolsa y dejar un 10% reservado para los trabajadores. Si bien todavía no hay propuestas concretas, ya hay nombres que empiezan a sonar fuerte.

¿Quiénes están interesados?

Uno de los que siempre estuvo cerca de AySA es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, empresa que desde hace años provee insumos clave para el proceso de potabilización. También habría charlas informales con capitales brasileños y un grupo de empresarios locales —se habla de Alfredo Román (logística) y Edenor, controlada por José Luis Manzano— que estarían evaluando hacer una oferta conjunta. Hasta ahora, no se conoce públicamente cuánto vale la empresa ni cuánto se quedaría el Estado.

El objetivo no es sólo vender: buscan que la privatización quede bien blindada, que no haya vuelta atrás como pasó con YPF o Aerolíneas. Para eso, AySA ya presentó un informe con números que muestran que es rentable: en 2024 logró su primer superávit operativo en casi 20 años. ¿Cómo? Con una fuerte suba de tarifas y ajustes internos, pasaron de tener un déficit a ganar 48 mil millones de pesos. Los ingresos también pegaron un salto importante.

¿Por qué es clave esta venta?

Porque para Milei y su equipo, esta operación puede ser el puntapié de una serie de privatizaciones que no sólo sirvan para achicar el Estado, sino también para sumar dólares frescos a las reservas. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hace unos días que podrían entrar entre 400 y 500 millones de dólares por la licitación de las represas del Comahue, y avisó que “va a haber venta de activos por miles de millones”.

Por primera vez, alguien del Gobierno dejó en claro que la venta de empresas públicas puede convertirse en una fuente de financiamiento, sin tener que pasar por el endeudamiento o esperar que el Banco Central salga a comprar dólares. Para el mercado, esto también es una señal: se están usando las empresas estatales como “garantía de valor”. De hecho, es una idea que Caputo ya venía barajando desde su consultora privada Anker, cuando proponía un fideicomiso con activos del BCRA, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y otras joyitas del Estado.

AySA es sólo una parte del mapa. El Gobierno ya tiene definido cómo encarar la privatización de otras siete empresas públicas. Algunas van directo a concurso (como Intercargo), otras se van a dividir en unidades de negocio (como Enarsa) o irán a la Bolsa. También se va a avanzar con la concesión de rutas nacionales (Corredores Viales), la venta por etapas del Belgrano Cargas (incluyendo vagones y licencias de uso), y una apertura parcial de Nucleoeléctrica, que dejaría entrar capitales privados hasta un 49%.

Trenes Argentinos, por su parte, licitaría servicios pero mantendría algo de control estatal. Y la más difícil de todas es Río Turbio, que buscará un operador privado que se haga cargo del complejo escenario que tiene esa mina de carbón.