El Gobierno aprueba el contrato para avanzar en la privatización de AySA y su concesión

El Gobierno dio un paso decisivo hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) con la aprobación del nuevo contrato de concesión que regirá el servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La aprobación se formalizó mediante la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el martes 28 de abril de 2026.

Esta medida valida el modelo de “Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y AySA”, que será suscripto por la cartera económica representando al Estado. Este avance se inscribe en el marco de la Ley 27.742, que declaró a AySA sujeta a privatización, y el Decreto 494/2025, que autorizó la venta del paquete accionario. El proceso contempla la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico seleccionado mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el porcentaje restante podrá negociarse en bolsas y mercados locales.

El contrato aprobado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio para otorgarle mayor claridad normativa y previsibilidad. En este sentido, se establecen derechos y obligaciones tanto para el Estado como para el futuro concesionario.

Además, AySA deberá cumplir con el “Plan de Acción de Transición 2024-2026”, aprobado por la Secretaría de Obras Públicas, y trasladar sus metas al primer ciclo tarifario que abarcará desde 2027 hasta 2031. Desde el Gobierno destacaron que el proceso se llevará adelante respetando la continuidad del servicio y bajo principios de “transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia”.

Claves del proceso de privatización de AySA:

• Contrato para el futuro concesionario: la aprobación regula la futura operación privada del servicio, aunque no implica la venta inmediata, sino la estructura legal que la posibilita.
• Modelo mixto de privatización: combina la entrada de un operador privado con control mayoritario y la posible colocación de parte del paquete accionario en el mercado financiero local.
• Tarifas e inversiones: el nuevo esquema pone énfasis en compromisos de inversión, expansión de redes y sustentabilidad financiera, reavivando el debate sobre las tarifas.
• Nuevo marco regulatorio: la privatización se acompaña de reformas normativas que redefinen las condiciones del sector y amplían las facultades del concesionario.
• Debate político: la medida vuelve a plantear la discusión sobre si el agua debe gestionarse como un servicio público o bajo criterios de rentabilidad regulada.

El siguiente paso será avanzar en el proceso licitatorio para seleccionar al operador estratégico, en un contexto donde el mercado estará atento a las condiciones tarifarias y a las obligaciones de inversión que impondrá la concesión. Organismos de defensa del consumidor y sectores políticos opositores ya manifestaron su preocupación por posibles aumentos tarifarios y la calidad del servicio, anticipando un intenso debate público en los próximos meses.