Gobierno oficializa esquema para privatizar Belgrano Cargas y destinar fondos a infraestructura
Mediante el Decreto 282/2026, se establece que los ingresos por la venta de material rodante financiarán obras en las vías concesionadas, con contratos de hasta 50 años para operadores privados.
El Gobierno profundiza en la privatización del tren Belgrano Cargas al oficializar un esquema que incluye la licitación de vías, material rodante y el uso de los fondos obtenidos para financiar obras de infraestructura ferroviaria. Esta medida fue formalizada a través del Decreto 282/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, los ingresos generados por la venta del material rodante y otros activos serán asignados íntegramente a un fideicomiso destinado a financiar trabajos sobre las líneas que serán concesionadas. Estos recursos se canalizarán conforme al marco normativo del Decreto 976/01 y el valor de los bienes a vender será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El nuevo esquema prevé la venta del material rodante mediante remate público, así como su posible inclusión en licitaciones nacionales e internacionales para la concesión de las vías y los inmuebles asociados. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía deberá detallar en los pliegos licitatorios el material incluido en cada contrato, abarcando las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
Esta iniciativa forma parte de la etapa final del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., con la expectativa oficial de publicar los pliegos de licitación en las próximas semanas. Los contratos de concesión tendrán una duración máxima de 50 años, durante los cuales los operadores privados se harán cargo de la gestión del sistema ferroviario de cargas.
El Belgrano Cargas es una de las redes ferroviarias más importantes del país, utilizada principalmente para transportar granos desde el norte hacia los puertos del Gran Rosario. Sin embargo, el Gobierno reconoce que su eficiencia es inferior a la de otros sistemas ferroviarios internacionales.
El nuevo diseño contempla la separación entre la administración de la infraestructura y la operación del servicio, lo que permitiría que empresas privadas operen el transporte de cargas mientras el Estado mantiene ciertas funciones sobre la red. Locomotoras, vagones y otros activos forman parte de la reorganización, con la intención de que estos recursos puedan integrarse en futuros contratos de concesión para mejorar la eficiencia operativa.
Un aspecto central del decreto es que establece mecanismos para canalizar recursos hacia la infraestructura ferroviaria, buscando vincular la privatización con el financiamiento de mejoras en vías y corredores estratégicos. El Gobierno espera atraer inversiones privadas que impulsen la modernización del sistema y mejoren la competitividad del transporte ferroviario, clave para la economía regional y la exportación agrícola. La medida genera debate sobre el rol estatal en el sector.
