Déficit Fiscal: Solo 1 de cada 4 jubilaciones son del régimen general con aportes
En un detallado informe, IDESA expone como el desorden previsional es una fuente de déficit fiscal y propusieron un cambio profundo de metodología.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) es un centro de estudios sin fines de lucro que está especializado en la temática del mercado laboral. Desde el centro publicaron una investigación que revela que de las 9 millones de jubilaciones y pensiones que paga la Argentina, tan solo el 23% fueron otorgadas por el régimen general con la totalidad de los aportes.
IDESA se propuso investigar la raíz de los regímenes diferenciales debido al abuso de dicha herramienta. Un régimen diferencial se da cuando se establecen edades jubilatorias distintas a causa de la arduidad de ciertas tareas. Por ejemplo, en 2021 se sancionó una ley que adelantó el retiro a los 57 años de edad con 25 años de aportes a los trabajadores de viña: "esta es una situación de ventaja respecto al régimen general que establece la edad jubilatoria en 60 para las mujeres y 65 para los varones con 30 años de aportes" resaltaron desde IDESA.
Los números muestran, además, que el 55% fueron otorgadas con las moratorias o no contributivas, es decir, sin aportes, y que el 22% fueron otorgadas con un régimen diferencial o especial. Lo sorprendente es que apenas 1 de cada 4 jubilaciones fueron otorgadas aplicando las reglas del régimen general con aportes, según datos de la Secretaría de Seguridad Social.
Desde el Instituto reflexionaron lo siguiente:
"Que el régimen general se aplique a una minoría, mientras que la mayoría de los trabajadores acceden a la jubilación a través de diferentes tipos de excepciones, alerta sobre la profundidad del desorden previsional".
Volviendo al caso de los viñadores, el informe enfatizó que es un ejemplo "muy ilustrativo de la forma en que se legisla en temas previsionales. La ley fue aprobada con un alto consenso entre todos los partidos políticos representados en el Congreso. Se declama como único fundamento que las tareas generan envejecimiento prematuro, pero no se presentaron estudios médicos que avalen esta afirmación".
Además, como el dinero no le cuesta nada al Estado, recalcaron que "tampoco presentaron estudios actuariales que calculen el costo para el sistema previsional de jubilar antes a estas personas. Tal como se aprobó esta ley, el costo se socializa ya que se establece una contribución patronal adicional del 2% que claramente no compensa las mayores erogaciones".
La falta de escrutinio y detenimiento a la hora de brindar un beneficio social es uno de los grandes problemas del gasto público. Los investigadores de IDESA agregaron que el sistema previsional es una institución muy delicada porque administra derechos que generan pasivos del Estado de largo plazo, lo que termina siendo un déficit acumulado del cual nadie se hace cargo.
Un principio fundamental para preservar la equidad y la sostenibilidad es que todos los trabajadores sean iguales ante la ley previsional.
Para enmarcar el informe, propusieron una solución clara: "los tratamientos especiales –sean por envejecimiento prematuro, en el caso de los regímenes diferenciales, por mérito, en el caso de los regímenes especiales, o sin aportes, como son las moratorias– deberían ser diseñados con transparencia y rigurosidad. Si hay tareas insalubres o de mérito –como docentes, investigadores, jueces, embajadores, viñateros, entre otros– que merecen tratamientos especiales, los desvíos respecto al régimen general deben ser cubiertos con mecanismos de cobertura complementarios y los costos, actuarialmente calculados, cargados al sector que los genera".
Por último, creen que esto no es un tema de "grieta", sino de políticas "oportunistas e inconsistentes", a la vez que opinaron que los problemas no se originan en los disensos derivados de dicha “grieta”, sino en los "acuerdos que sostienen políticas equivocadas".
