Clausuran la Obra Social del personal aduanero por irregularidades en su funcionamiento

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) llevó a cabo la primera clausura de una obra social bajo la presidencia de Javier Milei, cerrando la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD). Este cierre, que fue oficializado el martes mediante el Boletín Oficial, se debió a múltiples irregularidades encontradas en auditorías, las cuales revelaron la falta de actividad de la entidad. Desde el Gobierno, se afirmó que la OSPAD "no tuvo actividad desde su inscripción" y carecía de afiliados, además de no haber prestado ningún servicio médico.

La SSS también tomó medidas adicionales al declarar en situación crítica a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma, que deberá elaborar un plan de contingencia para revertir esta condición. En caso contrario, pasará por un proceso similar al de la OSPAD. Por otro lado, se destacó que la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut logró superar su crisis, mostrando resultados positivos en sus balances.

El Gobierno comunicó que intensificará las auditorías en las obras sociales. Durante la gestión de Gabriel Oriolo, se intervinieron 8 entidades y se declaró en crisis a 11 más. Así, la OSPAD se convierte en la primera liquidación formal en este mandato. A finales de la semana pasada, el Gobierno nacional también declaró en crisis a otras cuatro obras sociales, exigiendo que presenten planes de contingencia para asegurar la continuidad de sus prestaciones.

Desde la SSS, se enfatizó que "Los Agentes del Seguro deben tener sus cuentas en orden y ofrecer prestaciones de calidad a sus afiliados. No hay lugar para entidades irregulares". Enfatizando la importancia de eliminar las estructuras ficticias que simulaban ofrecer servicios mientras recibían subsidios estatales, el organismo busca depurar el sistema de salud.

El año pasado, la SSS reformuló el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), lo que favoreció a las obras sociales con más afiliados y perjudicó a 201 de las 290 entidades, con una reducción conjunta de $3.483 millones. Esta acción ha generado descontento entre algunos sectores, aunque otras agrupaciones de mayor peso reconocieron que estas medidas afectan principalmente a los “sellos de goma”.

La SSS subrayó que el objetivo de estas acciones es garantizar un sistema de salud más transparente y eficiente. A medida que se intensifican las auditorías, se espera que más entidades sean revisadas, lo que podría resultar en nuevas clausuras si no cumplen con los estándares requeridos. La salud de los argentinos sigue siendo una prioridad para el Gobierno. La Superintendencia de Servicios de Salud advirtió que las obras sociales que no cumplan con los requisitos establecidos enfrentan sanciones severas.