¿Se puede gastar el colchón de dólares sin blanquear? Qué hay detrás de la posible remonetización

En un nuevo intento por dinamizar la economía, el Gobierno argentino avanza con una idea tan ambiciosa como sensible: remonetizar en dólares. La propuesta busca reactivar parte de los más de USD 100.000 millones que, según estimaciones, están guardados “bajo el colchón” o en cajas de seguridad, fuera del sistema financiero formal. 

Esta masa de capital ociosa representa un potencial de crecimiento latente. Pero movilizarla implica sortear un obstáculo histórico: la desconfianza de los argentinos en las reglas de juego del sistema económico local.

Dólares fuera del sistema: ¿problema u oportunidad?

No es casual la popularidad de la frase “las grandes decisiones se toman en dólares”. La economía argentina funciona bajo un bimonetarismo de hecho: los ciudadanos ahorran y planifican en dólares, pero gastan e invierten en pesos. Esta dualidad genera una desconexión que impide que buena parte del ahorro privado se canalice hacia el crédito, la inversión productiva o el consumo. En este contexto, remonetizar implicaría reincorporar al circuito productivo esos dólares que hoy circula por fuera del sistema, sin exigir necesariamente su blanqueo previo.

El planteo oficial parte de una lógica clara: si los dólares están, pero no se usan, no cumplen ningún rol económico. Volverlos funcionales puede ser una fuente genuina de crecimiento, incluso sin tomar deuda ni emitir más pesos.

Alternativas bajo la lupa

Las principales herramientas que están en discusión hoy, son las siguientes:

• Reconocimiento legal del dólar para cancelar deudas, incluso en operaciones cotidianas.
• Incorporación de los dólares al sistema de pagos digitales, permitiendo pagar con moneda extranjera mediante códigos QR, tal como hoy se hace con los pesos a través de billeteras virtuales.
• Mejorar la remuneración de los depósitos en dólares, actualmente con tasas nulas o negativas, tanto las cauciones como los plazo fijos.

El objetivo de estas medidas es generar incentivos reales para que los ciudadanos recuperen la confianza en el sistema bancario y vuelquen ahí parte de sus ahorros. Sin embargo, si no se administran con cautela, pueden resultar contraproducentes: en ocasiones anteriores, un incremento excesivo de las tasas en dólares provocó temor en lugar de confianza, generando el efecto opuesto al deseado.

¿Y si la próxima gestión cambia todo?

Tal como ocurrió en el último blanqueo, el verdadero problema en Argentina no es solo económico, sino estructural: la falta de institucionalidad. ¿Cuánto duran realmente las reglas en nuestro país? ¿Qué garantía hay de que no se reviertan con el próximo gobierno? Esta inestabilidad jurídica y normativa desalienta tanto a los pequeños ahorristas como a los grandes inversores.

El caso del sector minero lo ejemplifica con claridad. Inversiones de esta magnitud —como las que hoy se analizan en provincias como San Juan o Mendoza— requieren certezas a largo plazo. No basta con políticas que sobrevivan un mandato: se necesitan marcos sostenibles durante décadas, algo que todavía parece una quimera en nuestro sistema político y económico.

En este sentido, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) intenta suplir esa debilidad. Propone un marco excepcional de estabilidad fiscal y normativa para inversiones de gran escala, funcionando como una especie de “institución paralela” para dar previsibilidad donde el sistema tradicional no puede ofrecerla.

Pero el hecho de que necesitemos un régimen extraordinario para atraer capitales que en otros países llegan de manera natural, deja en evidencia una verdad incómoda: la Argentina todavía no logró construir reglas que trasciendan a los gobiernos.

Una oportunidad para sanear el sistema

Si se lograra revertir la desconfianza y generar un entorno más previsible, el impacto podría ser significativo. Se estima que hasta USD 20.000 millones podrían reingresar al sistema formal, fortaleciendo las reservas, ampliando el crédito y saneando el circuito financiero.

Claro está: sin estabilidad normativa ni seguridad jurídica, cualquier avance será parcial o efímero. El desafío no es solo económico. Es, ante todo, institucional.
La economía necesita dólares, pero sobre todo necesita confianza.