Provincia de Buenos Aires excluye a miles de pymes del régimen de Ingresos Brutos con actualización

ARBA aumentó un 178,5% el piso de facturación para agentes de retención, liberando a más de 6800 empresas y reduciendo la carga administrativa para las pymes.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció una significativa modificación en el régimen de Ingresos Brutos que beneficiará a más de 6800 pequeñas y medianas empresas. La medida consiste en un aumento del 178,5% en el piso de facturación para actuar como agente de retención y percepción, elevando el límite de $2800 millones a $7800 millones en ingresos brutos anuales.

 

Este ajuste también se aplicará a sectores específicos: los expendedores de combustibles líquidos pasarán de un tope de $4200 millones a $11.700 millones. Mientras que los comercios mayoristas de ciertos rubros verán su límite incrementado de $1400 millones a $3900 millones.

 

Cristian Girard, director de ARBA, destacó que esta actualización reducirá la cantidad de agentes de retención de 17.900 a 11.100, sin comprometer la capacidad fiscalizadora. “Si la actualización se hubiese hecho solo por inflación, habría alrededor de 30.000 agentes”, señaló, resaltando que el organismo implementa un sistema más inteligente basado en el cruce de datos para optimizar la recaudación.

 

Girard explicó que desde hace años ARBA ha cambiado la estrategia de recaudación para disminuir la cantidad de agentes y operaciones alcanzadas por retenciones. “Hace ocho años, si alguien hacía esto perdía recaudación. Hoy no, porque no estamos enfocados en recaudar a partir de las retenciones, que son los saldos a favor acumulados”, afirmó.

 

El titular del organismo añadió que actualmente se trabaja en una política de desacumulación de saldos a favor para favorecer los pagos directos. Según sus datos, las empresas bonaerenses redujeron sus saldos a favor acumulados de 3,4 meses a 0,9 meses. “Los saldos a favor miden cuánto anticipo del impuesto tenés. Si es menos de 1, no se acumula porque se recauda menos de lo que se debe”, explicó. Además, Girard justificó la actualización afirmando que “tratamos de administrar minimizando los perjuicios del sector privado sin dañar el financiamiento de la provincia” y que, para financiar al fisco, se suben impuestos a ciertos sectores o patrimoniales, mientras se fiscaliza a los grandes evasores con un enfoque progresivo.

 

La normativa que se publicará próximamente incluirá una flexibilización en los plazos de implementación. Los sujetos que superen los nuevos límites tendrán hasta el último día hábil de febrero para inscribirse ante ARBA y comenzar a operar bajo esta figura desde el 1° de marzo. En ese período también deberán darse de baja quienes no correspondan. Para otorgar previsibilidad, la resolución establecerá que las empresas excluidas del régimen de retención permanecerán fuera de la obligación hasta 2028, independientemente de variaciones futuras de ingresos y topes.

 

Desde el sector privado, especialistas tributarios valoraron la medida. César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, señaló que la reducción de agentes disminuye costos operativos y riesgos de incumplimiento por retenciones incorrectas. Por su parte, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, consideró positivo que la actualización supere la inflación, ya que evitará que algunas empresas deban seguir actuando como agentes de retención y mitigará problemas financieros derivados de los saldos a favor.

 

Sin embargo, Litvin recordó que el problema estructural persiste, ya que Ingresos Brutos sigue siendo “el impuesto más distorsivo y tóxico del sistema tributario argentino” debido a su efecto acumulativo y los regímenes de retenciones anticipadas que generan saldos a favor difíciles de recuperar, afectando el capital de trabajo. En este sentido, enfatizó que en una reforma tributaria integral, Ingresos Brutos debería transformarse en un IVA provincial o un impuesto a las ventas en la última etapa para mejorar la competitividad y simplificar la recaudación.

 

La medida busca aliviar la carga fiscal y administrativa, promoviendo la formalización y el crecimiento de las pymes. Además, se espera que esta actualización impulse la inversión y la generación de empleo en la provincia.

 

La actualización busca mejorar la competitividad de las pymes, reducir costos y simplificar trámites. Así, se fortalece el sector productivo y se fomenta la formalización, contribuyendo al desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia.

 

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