El BCRA aprieta el cerco: nuevas restricciones para directivos y accionistas de bancos en la compra de dólares
A partir de hoy, los ejecutivos y accionistas mayoritarios de entidades financieras que compren moneda extranjera deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar con bonos dolarizados por 90 días.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Banco Central volvió a meter mano en las regulaciones cambiarias y ahora puso la lupa sobre los propios protagonistas del sistema financiero. Mediante la Comunicación A 8332, dispuso que directivos, accionistas que posean más del 5% del banco y autoridades de bancos que quieran acceder al mercado de cambios deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar con títulos que liquiden en moneda extranjera durante los 90 días posteriores.
La medida apunta a cerrar una ventana de arbitraje que quedaba abierta para quienes, estando dentro del sistema, podían aprovechar la doble vía: comprar billetes en el mercado oficial y luego hacer jugadas con bonos dolarizados. Desde hoy, para comprar dólares —ya sea para guardarlos o para armar depósitos— los bancos tendrán que pedir esa declaración como condición obligatoria.
El alcance es amplio: abarca a accionistas que tengan 5% o más del capital social, directores, síndicos, gerentes y hasta máximos responsables de sucursales extranjeras en el país. Además, incluye a cónyuges, convivientes y familiares cercanos (hasta segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad). Es decir, no sólo los protagonistas directos, sino también su círculo inmediato.
La medida puede sonar estricta, pero en el fondo refuerza una lógica básica: quienes tienen responsabilidades de conducción en el sistema financiero deben dar el ejemplo y no especular con atajos que terminan repercutiendo en la estabilidad del mercado. El Gobierno busca ordenar la cancha, y en ese sentido, limitar los arbitrajes es clave para evitar que la presión sobre el dólar se multiplique desde adentro.
Además, vale subrayar que esta normativa no afecta al ciudadano común, sino a un grupo muy reducido de actores con poder de decisión y acceso privilegiado. En definitiva, la apuesta oficial apunta a blindar el esquema cambiario y sostener el programa económico frente a cualquier intento de desestabilización. Un paso más en la idea de que, si hay sacrificios, deben empezar por los que están en la primera fila del sistema financiero.
