Las estafas crypto en Argentina superaron los USD 11 millones
A pesar de la impactante cifra, representa una caída del 87% con respecto al 2021.
Por Gonzalo Andrés Castillo
Durante el 2022, las estafas con cryptos en Argentina alcanzaron los USD 11,8 millones, lo que representa una caída del 87% con respecto al 2021, año en el que se llegó a los USD 92,7 millones.
En contraste, en Brasil se llegó a los USD 7,3 millones por estafas crypto el año pasado, un 22% menos que en 2021. En tanto, en Chile el total fue de USD 13,5 millones y en Colombia, de USD 74,7 millones. Por otro lado, en Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay las estafas con estos activos descentralizados fueron de USD 8,6 millones, USD 315.000, USD 15,1 millones y USD 238.000, respectivamente.
"En Argentina, el principal problema son las estafas, especialmente los esquemas ponzi y las de tipo piramidal. Estas estafas se aprovechan de un mercado no regulado y se benefician de los exchanges de criptomonedas más pequeños o nuevos que no utilizan los controles ALD adecuados en el blockchain. Ven a estas nuevas empresas como objetivos principales para blanquear dinero", comentó Dan Cartolin, de Chainalysis.
"Una mayor adopción de criptomonedas también implica un aumento en la delincuencia relacionada con ellas. Si bien el crecimiento del uso legítimo de este tipo de activos supera ampliamente el uso ilícito, su crecimiento en general conduce a grandes aumentos en el valor bruto en dólares de las transacciones ilícitas usando criptoactivos. El mover miles de millones de dólares hacia una nueva clase de activos atrae a delincuentes, estafadores y actores malintencionados", añadió el ejecutivo.
Por otro lado, en cuanto a los ingresos totales por ransomware, la práctica de secuestrar los dispositivos para pedir rescate, normalmente en crypto, cayeron a su nivel más bajo en tres años durante el 2022. Aunque los atacantes hayan recibido al menos USD 457 millones, esto representa una caída del 40% en comparación con sus ganancias de ransomware en 2021, que ascendieron a USD 766 millones.
"La evidencia sugiere que la disminución de los ingresos de los atacantes se debe a la creciente falta de voluntad de las víctimas para pagar sus demandas de rescate en lugar de una caída en el número real de ataques. Esta reticencia puede atribuirse a varios factores, desde una mayor utilización de soluciones como copias de seguridad y recuperación que mitigan el impacto de los ataques, hasta el temor a incumplir las normativas gubernamentales que prohíben el pago de rescates a organizaciones potencialmente afiliadas a naciones y grupos sancionados", mencionó Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis.
