Meta enfrenta una batalla que podría cambiar las reglas del juego
Un juicio en California pone bajo presión a Meta por sus plataformas y podría generar consecuencias que alcancen a buena parte del sector tecnológico.
Por redacción
Meta enfrenta un litigio histórico mientras un tribunal federal de Oakland, California, analiza acusaciones sobre la seguridad de niños y adolescentes en Instagram y Facebook. El caso podría generar consecuencias económicas extraordinarias y podría afectar a otras compañías tecnológicas.
La demanda fue presentada por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, junto con una coalición de 29 fiscales generales estatales que demandó a Meta en 2023. Los estados sostienen que la compañía engañó al público sobre los riesgos que sus plataformas representan para los usuarios jóvenes y que diseñó determinadas funciones para mantener a niños y adolescentes conectados durante más tiempo.
Meta es una de las compañías más poderosas del sector. Durante el año pasado obtuvo casi USD 201.000 millones en ingresos y, a finales de junio, contaba con más de USD 90.000 millones en efectivo y valores negociables. Según la propia empresa, las posibles sanciones podrían alcanzar USD 1,4 billones.
Esa cifra es un máximo teórico. Un jurado de ocho personas participa con carácter consultivo y la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers tendrá la decisión final. Especialistas legales consideran improbable una sanción capaz de llevar a Meta a la quiebra.
Un antecedente en Nuevo México muestra las posibles consecuencias. Allí un jurado declaró a Meta responsable de 75.000 infracciones a la legislación de protección al consumidor y las multas civiles alcanzaron USD 375 millones. Posteriormente, un juez ordenó otros USD 567 millones por daños relacionados con la salud mental de los jóvenes. La responsabilidad total llegó a USD 942 millones. Meta apeló la decisión.
La empresa rechaza las acusaciones y califica las exigencias económicas de desproporcionadas. Meta sostiene que los estados no demostraron que usuarios hayan sido engañados o perjudicados. También afirma que la verificación de edad es un desafío de toda la industria.
El conflicto incluye una discusión sobre la Sección 230, normativa que protege a las plataformas frente a responsabilidad por contenido de sus usuarios. Los estados cuestionan las decisiones de Meta sobre cómo presenta ese contenido.
Para algunos especialistas, esa diferencia es difícil de sostener. También se debate si esas decisiones de diseño y presentación constituyen expresión protegida por la Primera Enmienda.
El resultado podría tener efectos mayores que una sanción económica. TikTok, YouTube y Snapchat enfrentan litigios por presuntos daños a menores, y existen demandas similares contra la IA generativa, los videojuegos y los juegos sociales.
Por eso, el proceso de Oakland podría convertirse en un precedente para evaluar cómo las empresas tecnológicas diseñan sus productos y qué responsabilidad tienen por sus efectos. Una decisión contra Meta podría abrir nuevas vías legales contra compañías de otros segmentos.
El caso también podría influir en futuras regulaciones sobre diseño de plataformas, protección de menores, privacidad y mecanismos destinados a mantener la atención de los usuarios. En definitiva, el caso pone en juego miles de millones de dólares para una de las empresas más poderosas del mundo y podría redefinir los límites legales de la tecnología digital y la responsabilidad empresarial tecnológica.
