Mercosur-UE: el acuerdo quedó en stand by por una jugada política en Bruselas

El Parlamento Europeo resolvió este miércoles mandar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia del bloque para que revise si es legal. En los papeles suena serio, pero en los pasillos de Bruselas lo leen como lo que es: una chicana política para ganar tiempo. Nadie cree de verdad que el texto tenga algo fuera de regla, pero los eurodiputados están habilitados a hacerlo y con eso pueden estirar la ratificación meses, incluso años.

La votación fue ajustadísima: 334 a favor del envío al tribunal y 324 en contra. El freno contó con el apoyo de buena parte de la ultraderecha, los ecologistas y legisladores de Francia, Polonia, Austria e Irlanda, sin importar el color político. Para muchos, fue una forma elegante de cubrirse frente a la presión de las protestas rurales que vienen sacudiendo a varios países europeos.

El propio texto del tratado dice que la aplicación provisional se activa cuando lo aprueba al menos un país del Mercosur. Si se lee al pie de la letra, con eso alcanzaría para que empiece a regir provisoriamente entre ese país y la Unión Europea, aun sin ratificación del Parlamento Europeo y aunque el asunto esté en manos de los jueces. El acuerdo no habla de ratificación para esta etapa, sino de cerrar los procedimientos internos.

Claro que no todo es tan automático. El artículo 23.3 del capítulo comercial menciona la necesidad de “notificaciones mutuas”. Según la Comisión Europea y diplomáticos del bloque, ese detalle les da cierto margen para no activar el acuerdo de inmediato, incluso si el Mercosur avanza. El texto no fija plazos, aunque especialistas sostienen que, si se aplican reglas de la OMC, el tiempo lógico sería de unos dos meses.

En el fondo, todo se resume a una decisión política. Si la Comisión Europea decide avanzar con la aplicación provisional, lo haría yendo a contramano del voto del Europarlamento. Y el Tribunal de Justicia de la UE tampoco puede frenar esa aplicación ni bloquear la ratificación definitiva: como mucho, podría marcar errores puntuales que habría que corregir.

El debate puede acelerarse rápido. Los gobiernos europeos ya evalúan el tema y podrían tomar una definición incluso este jueves, cuando se reúnan de urgencia en Bruselas para discutir, entre otras cosas, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia.

Mientras tanto, los números meten presión. Un informe del think tank ECIPE calcula que el retraso en ratificar el acuerdo entre 2021 y 2025 le costó a Europa unos 183.000 millones de euros en exportaciones. Si tampoco se aprueba en 2026, la factura superaría los 215.000 millones.

La más golpeada sería Alemania, con pérdidas estimadas en más de 70.600 millones de euros. Francia tampoco sale bien parada: habría resignado unos 38.500 millones. Paradójicamente, la mayoría de sus eurodiputados fue de los que levantó la mano para trabar el acuerdo. Política pura, con impacto bien concreto en la economía.