España irá por la prohibición de redes sociales para menores de 16 años
Desde una cumbre internacional en Dubái, el presidente español anunció un paquete de medidas para ponerle límites a las plataformas digitales y hacer responsables a sus directivos por los contenidos que circulan.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que España avanzará con la prohibición del acceso a las redes sociales para chicos y chicas menores de 16 años. La medida forma parte de un paquete más amplio que apunta a reforzar el control sobre las plataformas digitales y a exigir responsabilidades directas a quienes las manejan.
El anuncio lo hizo durante su discurso ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se desarrolla en Dubái y reúne a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno. Allí, Sánchez planteó la necesidad de transformar las redes sociales en espacios más seguros y saludables, especialmente para los más jóvenes.
Según adelantó, el Gobierno español aprobará la semana próxima una batería de medidas que incluyen esta restricción etaria. Para que la norma sea efectiva, explicó que las plataformas deberán implementar controles reales y mecanismos de verificación que funcionen de verdad y no se queden solo en declaraciones de buena voluntad.
En ese marco, el Gobierno español analizará junto a la Fiscalía posibles irregularidades en redes como Grok, TikTok e Instagram. La idea es investigar si hubo violaciones a la ley vinculadas al uso indebido de datos, la difusión de contenidos ilegales o prácticas que fomenten el odio y la desinformación.
Sánchez fue especialmente duro al describir el estado actual de las redes sociales, a las que definió como “un Estado fallido”, donde las normas no se cumplen, los delitos se toleran y la mentira circula con más fuerza que la verdad. También anunció la creación de un sistema de rastreo que permita identificar y medir lo que llamó una “huella de odio y polarización” en el mundo digital.
Con estas medidas, el Gobierno español busca marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las grandes tecnológicas. La apuesta es clara: menos zona gris, más reglas y un mayor resguardo para los usuarios, especialmente para los menores, en un ecosistema digital que hoy aparece cada vez más desbordado.
