YPF y la Jueza Preska: la increíble causa que detonó en un juicio por más de 16MM USD

El juicio contra YPF en Nueva York es un caso complejo que involucra la expropiación de la petrolera argentina en 2012 y tiene su origen en el incumplimiento de los estatutos de la empresa, específicamente en la falta de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) tras la nacionalización. A continuación, explicamos de manera clara y estructurada los puntos clave de YPF y la Jueza Prezka, el juicio, el rol de la OPA, y la participación de la familia Eskenazi.

Contexto: La expropiación de YPF en 2012

YPF, originalmente una empresa estatal argentina, fue privatizada en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem. En 1999, la petrolera española Repsol adquirió el control mayoritario de YPF. En 2008, con el respaldo del gobierno de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi, a través de su empresa Grupo Petersen, ingresó como accionista minoritario comprando un 25% de las acciones de YPF. Esta adquisición se realizó sin que los Eskenazi aportaran capital propio, utilizando préstamos de bancos internacionales (como Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas, e Itaú) y de la propia Repsol, con la promesa de pagar con las utilidades futuras de YPF.

En 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol, argumentando la necesidad de recuperar el control de una empresa estratégica para el país. Esta decisión fue impulsada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. La expropiación se llevó a cabo mediante una ley aprobada por el Congreso argentino, pero no incluyó una oferta para comprar las acciones de otros accionistas minoritarios, como el Grupo Petersen o el fondo Eton Park.

El juicio: Origen y fundamentos

En 2015, el fondo de inversión Burford Capital, conocido por comprar derechos de litigio de empresas en quiebra, presentó una demanda contra el Estado argentino en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo la jueza Loretta Preska. Burford adquirió los derechos de litigio de dos sociedades españolas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora) tras la quiebra de estas en España. La demanda también incluyó al fondo Eton Park, otro accionista minoritario de YPF en 2012.

Tras la expropiación, el Estado argentino suspendió el pago de dividendos de YPF, que era la fuente con la que el Grupo Petersen pagaba los préstamos obtenidos para comprar sus acciones. Esto llevó a la quiebra de las empresas Petersen en España, ya que no pudieron cumplir con sus deudas. Los bancos acreedores ejecutaron las acciones de YPF que tenían en garantía, dejando a Petersen sin participación en la petrolera.

La OPA que nunca se hizo

Una Oferta Pública de Adquisición es un mecanismo que obliga a quien adquiere una porción significativa de una empresa (en este caso, más del 15% según el estatuto de YPF) a ofrecer comprar las acciones de los demás accionistas al mismo precio pagado por la participación mayoritaria. Esto protege a los accionistas minoritarios, asegurándoles una salida justa en caso de un cambio de control. 

Por qué no se hizo

El gobierno argentino, liderado por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, argumentó que la ley de expropiación aprobada en 2012 tenía supremacía sobre el estatuto de YPF, y que no estaba obligado a realizar una OPA. Kicillof, en una declaración pública durante el debate legislativo, calificó de “estúpido” cumplir con el estatuto de YPF, ya que implicaría pagar hasta US$19.000 millones por el 100% de la empresa, un costo que el gobierno consideraba excesivo.

Consecuencias

La falta de OPA fue el núcleo de la demanda de Burford Capital, que argumentó que los accionistas minoritarios fueron perjudicados al no recibir una oferta justa por sus acciones. La jueza Preska falló en 2023 que Argentina incumplió el estatuto de YPF, condenando al país a pagar US$16.100 millones (más intereses) a Burford y Eton Park. Un detalle que genera muchas confusiones: el problema no fue la expropiación en sí, sino el no haber cumplido con el requisito de hacer la OPA.

El rol de los Eskenazi

La familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen, ingresó a YPF en 2008 con el respaldo de Néstor Kirchner, quien promovía la “argentinización” de la petrolera. Adquirieron un 14,9% de las acciones en 2008 por US$1.018 millones (préstamo de bancos internacionales) y US$1.015 millones (préstamo de Repsol), y en 2011 compraron un 10% adicional por US$1.304 millones, alcanzando un 25% de la empresa. Estos préstamos se pagarían con los dividendos de YPF, sin que los Eskenazi aportaran capital propio.

Tras la expropiación de 2012 y la suspensión de dividendos, las empresas Petersen no pudieron pagar sus deudas, lo que llevó a su quiebra en España. El administrador concursal español subastó los derechos de litigio de estas empresas, que fueron adquiridos por Burford Capital por 15 millones de euros en 2015. El acuerdo estipuló que Burford se quedaría con el 70% de cualquier indemnización, mientras que el 30% restante iría a los acreedores de las empresas Petersen, con la posibilidad de que los Eskenazi reciban un remanente si sobra dinero tras pagar las deudas.

Los Eskenazi no iniciaron la demanda ni vendieron directamente los derechos a Burford; fue la justicia española la que subastó esos derechos. Sin embargo, hay sospechas de que podrían beneficiarse indirectamente si Burford gana el juicio, ya que el 30% de la indemnización (potencialmente US$5.100 millones) se destinaría a los acreedores de Petersen, y cualquier sobrante podría llegar a la familia. Estas sospechas han generado controversias, con acusaciones de que los Eskenazi actuaron como testaferros de los Kirchner en la operación inicial de 2008.

En 2025, la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) presentó una moción ante la jueza Preska solicitando anular el fallo, alegando que la compra de acciones por parte de los Eskenazi en 2008 fue fraudulenta y parte de un esquema corrupto con los Kirchner. Aunque Preska aceptó revisar esta moción, expertos consideran que las posibilidades de anular el fallo son bajas, ya que el tema de los Eskenazi ya fue abordado durante el juicio sin pruebas suficientes para invalidarlo.

Estado actual del juicio

La jueza Preska determinó en 2023 que Argentina debía pagar US$16.100 millones (más intereses) por no realizar la OPA. El 30 de junio de 2025, ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF a Burford y Eton Park como parte del pago, lo que generaría la pérdida de control estatal sobre la petrolera.

El gobierno de Javier Milei ha anunciado que apelará el fallo en todas las instancias posibles, argumentando que la entrega de acciones requiere aprobación del Congreso argentino. Además, el Estado sostiene que el juicio debería regirse por la ley argentina, no por el estatuto de YPF ni por la jurisdicción estadounidense.

El monto de la indemnización representa tres veces el valor actual de mercado de YPF (unos US$5.100 millones), lo que constituye un golpe económico significativo para Argentina, especialmente en un contexto de reservas internacionales bajas.

Controversias y críticas

Hay denuncias, como las de la ONG RAFA y el parlamentario Rodolfo Eiben, que señalan un “negociado” entre Néstor Kirchner y los Eskenazi, sugiriendo que la entrada de Petersen en YPF fue un esquema para beneficiar a empresarios cercanos al gobierno kirchnerista. Estas acusaciones no han sido probadas judicialmente.

El fallo de Preska cita una frase de Axel Kicillof, quien en 2012 justificó no cumplir con el estatuto de YPF, lo que debilitó la defensa argentina. Además, la decisión de no realizar la OPA se considera un error estratégico que abrió la puerta al litigio.

Burford Capital es un fondo especializado en comprar derechos de litigio, similar a los “fondos buitre” que litigan por deudas soberanas. Su participación en el caso YPF es vista como oportunista, aprovechando las quiebras de Petersen para demandar a Argentina.

En resumen

El juicio por YPF surge de la expropiación de 2012, cuando el Estado argentino no cumplió con el estatuto de la empresa al no realizar una OPA para los accionistas minoritarios, afectando al Grupo Petersen y a Eton Park. La familia Eskenazi entró en YPF en 2008 con el apoyo de Néstor Kirchner, adquiriendo un 25% de las acciones mediante préstamos que pagarían con dividendos de la petrolera. La quiebra de sus empresas en España permitió a Burford Capital comprar los derechos de litigio, iniciando una demanda que resultó en una condena de US$16.100 millones contra Argentina.

Aunque los Eskenazi no iniciaron el juicio, podrían beneficiarse indirectamente del fallo, lo que ha generado sospechas de corrupción y críticas al manejo de la expropiación por parte del gobierno kirchnerista. El caso sigue en apelación, y su resolución podría tener profundas implicaciones económicas y políticas para la Argentina.