Anthropic va a la Justicia contra el Gobierno de EE:UU por restricciones a su tecnología

La empresa de inteligencia artificial llevó al Gobierno de Estados Unidos a la Justicia después de que la administración de Donald Trump limitara sus vínculos con contratistas militares. El conflicto gira en torno a cómo puede usarse su tecnología dentro de las fuerzas armadas.

Por Eric Nesich

Periodista especializado en Economía y Finanzas

Hace 1 hora

La empresa de inteligencia artificial Anthropic presentó este lunes una demanda contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos y otras agencias federales luego de que la administración de Donald Trump la clasificara como un “riesgo para la cadena de suministro”.

 

La decisión oficial generó un fuerte choque entre el Pentágono y una de las compañías más influyentes del sector tecnológico, justo en un momento en el que la Casa Blanca busca acelerar la incorporación de inteligencia artificial dentro del aparato estatal.

 

Ese tipo de etiqueta suele aplicarse a empresas vinculadas con adversarios extranjeros y puede afectar seriamente su capacidad de hacer negocios con compañías que trabajan con el Departamento de Defensa. Por eso, Anthropic sostiene que la decisión es incorrecta desde el punto de vista legal y que perjudica su actividad comercial.

 

“Solicitar una revisión judicial no altera nuestro compromiso de larga data de aprovechar la IA para proteger nuestra seguridad nacional, pero es un paso necesario para proteger nuestro negocio, nuestros clientes y nuestros socios”, explicó un vocero de la empresa en un comunicado. Además, agregó que la compañía seguirá buscando una solución al conflicto, incluso mediante el diálogo con el Gobierno.

 

La tensión entre ambas partes empezó a escalar después de que fracasaran las negociaciones para renovar el contrato entre Anthropic y el Pentágono. El punto de choque fue que la empresa puso dos condiciones claras: que su sistema de inteligencia artificial no se utilice para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni para el desarrollo de armas autónomas.

Desde el Departamento de Defensa sostienen que esas limitaciones no son aceptables. Según su postura, el Gobierno debe poder utilizar herramientas tecnológicas para “todos los fines legales”, especialmente ante situaciones de emergencia vinculadas con la seguridad nacional. De todos modos, el Pentágono aseguró previamente que no tiene interés en usar IA para espiar masivamente a la población ni para armas completamente autónomas.

 

El 27 de febrero la administración Trump dio un paso más en el conflicto y ordenó a agencias federales y contratistas militares que suspendieran sus negocios con Anthropic. Ese mismo día, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que la empresa sería catalogada como un riesgo para la cadena de suministro y afirmó que ningún proveedor o socio de las fuerzas armadas podría realizar actividades comerciales con la compañía.

 

Sin embargo, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, explicó que la comunicación oficial recibida por la empresa establece una restricción más limitada: sus clientes solo tendrían prohibido usar la herramienta Claude en tareas vinculadas directamente con contratos con el Pentágono.

 

La compañía ya había anticipado que llevaría el caso a la Justicia. Desde Anthropic argumentan que la medida podría sentar “un precedente peligroso” para cualquier empresa estadounidense que negocie con el Gobierno federal.

 

Trump, por su parte, reaccionó con dureza. En un mensaje publicado el 27 de febrero en su red Truth Social, el presidente aseguró que Anthropic había cometido un “error catastrófico” y acusó a la compañía de intentar imponer condiciones sobre el funcionamiento de las fuerzas armadas.

 

Mientras tanto, otro actor del sector tecnológico aprovechó la situación. OpenAI firmó un acuerdo con el Pentágono apenas horas después de que la administración Trump ordenara suspender los negocios con Anthropic.

 

La resolución judicial que surja de esta disputa podría terminar marcando el camino para futuras relaciones entre las grandes compañías tecnológicas y el Estado, especialmente en un sector tan sensible como la seguridad nacional.

 

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