Universidades: ¿Cuánto dinero le hubiera costado la ley vetada en las últimas horas al Estado?
Mientras que el oficialismo intenta evitar una derrota legislativa, el sector opositor busca revertir en el Congreso el veto del gobierno. ¿Cuáles son los números del ajuste del recorte de universidades y salarios de docentes?.
La oposición en el Congreso espera convocar a sesión en los próximos días para revertir el veto gubernamental y poner en vigencia la norma que busca reforzar el presupuesto de las universidades. Mientras tanto, el oficialismo acelera las negociaciones con el PRO para evitar una derrota legislativa y no descarta acudir a la Justicia.
La ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei, un día después de la masiva protesta en contra de esa decisión, implicaría un costo fiscal de entre $738.595 millones y $811.569 millones en lo que queda del año. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el costo de la ley asciende a $738.595 millones para lo que resta del 2024, lo que equivale a 0,14 puntos del PBI.
La ley establece una recomposición basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para las partidas destinadas a las universidades. A su vez, propone un aumento salarial para el personal docente y no docente, ajustándose a los niveles de diciembre de 2023 en términos reales, con actualizaciones mensuales de acuerdo a la inflación.
El presidente ha advertido en varias ocasiones que vetaría cualquier ley aprobada por el Congreso que genere un gasto adicional que comprometa el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. En consecución a esto, el día de hoy, a través del Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por todos sus ministros, lo cumplió.
Qué indica el Decreto
La Casa Rosada explicó que uno de los principales motivos para tomar esta decisión fue que el proyecto “no tiene previsto de dónde saldría el dinero ni cómo se financiará, además de que presenta problemas técnicos que complican su aplicación de manera ordenada, y afecta los objetivos económicos que se ha planteado el Gobierno Nacional”. En el documento se menciona que “el presupuesto actual de la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, no incluye el dinero necesario para cubrir los gastos que propone el proyecto de ley aprobado”.
Por esto anterior que, su aplicación “requeriría fondos adicionales del Tesoro Nacional”. El decreto también señala que, si se llegara a aplicar la ley, implicaría un gasto extra de unos $811.569 millones.
