Qué se sabe sobre la causa contra Jorge D’Onofrio por posibles irregularidades en la VTV

La causa judicial que involucra al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, ha tenido avances en la última semana. La justicia ha llevado a cabo una serie de procedimientos para obtener información sobre una empresa que provee servicios tecnológicos a las concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la cual cobra un 8,5% más IVA de cada tarifa.

La investigación se centra en determinar si existe un vínculo entre esta firma y el político que dirige la cartera de Transporte en el gobierno de Axel Kicillof. El martes, la fiscalía de La Plata, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, realizó allanamientos en las oficinas del Ministerio de Transporte, así como en un domicilio relacionado con la empresa en cuestión y en un estudio contable. A partir de estos procedimientos, se logró recopilar documentación crucial que impulsa la investigación vinculada a la VTV.

El foco se encuentra en la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, presidida por Sebastián Desio, que celebró contratos para aportar innovaciones tecnológicas en la gestión del servicio con cuatro concesionarias de la VTV, las cuales manejan 10 de las 16 áreas de concesión por un plazo de diez años. Los servicios ofrecidos incluyen la gestión integral y el desarrollo de software para la toma de turnos, cobros y atención de usuarios, entre otros.

Sin embargo, los investigadores han planteado dudas sobre la capacidad operativa de la empresa para cumplir con lo establecido en sus contratos, ya que parece ser que solo se la utiliza para la asignación de turnos y carecería de una sede física. Hay sospechas de que el porcentaje de 8,5% más IVA cobrado por la empresa podría ser interpretado como una "coima encubierta". La verificación más económica, destinada a automóviles de hasta 2500 kilos de peso, tiene un costo de $53.819,26, lo cual significa que la firma se quedaría con un total de $4.574,63 más IVA por cada revisión.

En el proyecto de presupuesto para 2025, el gobierno de Kicillof prevé recaudar $30.794.965.000 por la VTV. Por su parte, los concesionarios deben pagar un canon que varía entre el 5% y el 16%, lo que significa que el gobierno provincial se queda con un monto que oscila entre $2.690 y $8.661 por verificación, solo en la categoría de automóviles más económicos.

Las autoridades judiciales están investigando posibles conexiones entre la firma y D'Onofrio. Un indicio interesante se refiere a la propiedad de un edificio en la Calle 6 de La Plata, que anteriormente perteneció a Desio y que pudo haber sido utilizado por el ministerio. Los contratos entre Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica y las concesionarias fueron firmados en mayo de 2023, apenas siete meses antes de que el Ministerio de Transporte ratificara dichas adjudicaciones.

Marcelo Peña, abogado de Desio, se pronunció sobre la denuncia afirmando que "la denuncia contiene muchas vertientes, lo cual trasluce internas y reproches políticos que en nada dificultan ni alteran la imagen, ni menos aún la calidad empresarial del señor Desio”. Según Peña, se han puesto a disposición de la justicia para colaborar en la investigación.

Por otro lado, desde el entorno de D'Onofrio se considera que los operativos realizados han sido positivos para su administración, ya que no hubo un allanamiento en el ministerio, sino que se cumplieron requerimientos de información. Se enfatizó que "se brindó toda la información que pidió el fiscal y más también".

Los allegados al ministro sostienen que una reciente pericia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre el aspecto de las fotomultas los favorece, pues "la pericia salió sin ninguna anomalía", según indicaron fuentes cercanas. La causa se originó a raíz de una denuncia particular sobre una red de gestores que contactaban a infractores y ofrecían anular las multas a cambio de un pago. A esta denuncia se sumó la empresa Secutrans, que se vio perjudicada por una significativa disminución en sus ingresos mensuales a causa de estas prácticas.