El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal
Con la primera edición del Boletín Oficial del año, el Ejecutivo oficializó el Presupuesto 2026, que apunta a cerrar las cuentas en positivo y fija prioridades de gasto. En paralelo, también quedó promulgada la ley que actualiza los umbrales penales tributarios y reduce plazos de prescripción.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
Con un decreto publicado este viernes, el Gobierno nacional convirtió en ley el Presupuesto 2026, que había sido aprobado de manera definitiva por el Senado el pasado 26 de diciembre. La votación se dio en una sesión especial y terminó con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.
La norma, que ya contaba con el aval previo de la Cámara de Diputados, establece en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, un giro respecto de años anteriores marcados por el déficit. En ese marco, se proyectan gastos corrientes y de capital por alrededor de $148.000 millones, con un fuerte peso de las partidas destinadas a políticas sociales.
El oficialismo logró avanzar con el respaldo del PRO y otros bloques aliados, mientras que el kirchnerismo votó en contra de una iniciativa considerada central para la gestión de Javier Milei.
Entre las partidas específicas, se asignan $4,78 billones para el funcionamiento, la inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Además, se destinan $11.290 millones al Fondo Nacional de Empleo, que financia programas del Ministerio de Capital Humano, y $15.843 millones al Fondo de Bosques Nativos.
Inocencia Fiscal: cambios en el régimen penal tributario
En la misma edición del Boletín Oficial, el Gobierno también promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones a la Ley 24.769 del Régimen Penal Tributario. El eje central de la norma es la actualización de los montos a partir de los cuales una conducta pasa a ser considerada delito.
En concreto, se eleva de $1,5 millones a $100 millones el umbral de evasión simple, y de $15 millones a $1.000 millones el de evasión agravada. También se suben a $100 millones los valores para tipificar la falsificación de facturas y a $200 millones las deudas en el caso de contribuyentes que accedan a beneficios fiscales.
La ley incorpora además un esquema de regularización: ARCA no impulsará una denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes. Si la causa ya fue iniciada, la acción penal se extinguirá con el pago de lo adeudado, los intereses y un adicional del 50%.
Otro cambio relevante es la reducción del plazo de prescripción de las deudas impositivas, que pasa de cinco a tres años. A eso se suma la creación del Régimen Simplificado de Ganancias, al que podrán adherir quienes tengan ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones, siempre que no estén categorizados como grandes contribuyentes.
Con estas dos leyes ya en vigencia, el Ejecutivo busca mostrar previsibilidad fiscal, ordenar el frente tributario y enviar señales de mayor estabilidad de cara a 2026, en un contexto donde el equilibrio de las cuentas públicas aparece como uno de los principales objetivos de la gestión.
