El Gobierno eliminó el COPREC y otros servicios en medio del ajuste del gasto público
La eliminación fue oficializada mediante el Decreto 55/2025 y afectará el Registro Nacional de Conciliadores y el Fondo de Financiamiento. La medida busca optimizar recursos en la gestión actual.
El Gobierno nacional decidió eliminar el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo y el Fondo de Financiamiento. Esta medida forma parte del ajuste del gasto público impulsado por la administración de Javier Milei.
Estas resoluciones fueron formalizadas en el Decreto 55/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial. El documento cuenta con la firma del Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).
El texto del decreto hace referencia a la Ley del Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo N° 26.993, que estableció el COPREC con el objetivo de mediar en los reclamos de derechos individuales de consumidores en conflictos regulados por la Ley N° 24.240, siempre que el monto en disputa no superara el equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, el decreto señala que se constituyó el Registro Nacional de Conciliadores en el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también que se creó un Fondo de Financiamiento para cubrir las notificaciones y los honorarios de los conciliadores.
El funcionamiento del COPREC se limitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizaban audiencias de conciliación entre proveedores y consumidores para resolver disputas bajo la normativa existente. Sin embargo, el decreto subraya que en Buenos Aires hay otras instancias con objetivos similares a los del COPREC. En este sentido, se menciona la existencia del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (SCRC), que opera en paralelo con las dependencias de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del gobierno porteño.
La decisión ha generado controversia entre organizaciones de defensa del consumidor, que advierten sobre la posible desprotección de los derechos de los usuarios. Críticos del ajuste argumentan que la eliminación del COPREC podría resultar en un aumento de conflictos no resueltos, afectando especialmente a aquellos con recursos limitados.
El Gobierno defiende la medida como parte de un enfoque más amplio para reducir el gasto y fomentar la eficiencia administrativa. Sin embargo, la oposición ya ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley para reinstaurar el COPREC, argumentando que la conciliación es esencial para la protección del consumidor en un contexto económico complicado.
