Los bancos intranquilos frente a los proyectos de modificación de créditos UVA

Los créditos UVA son popularmente conocidos como aquellos cuya emisión se encuentra destinada y sujeta al fomento del acceso a la vivienda propia, derecho establecido por la Constitución Nacional (Art. 14bis). Específicamente, se trata de créditos destinados a personas que se encuentran en actividad laboral (en relación de dependencia, autónomos o monotributistas) que necesariamente deben aplicarlo a a la adquisición, cambio, construcción, ampliación, refacción o finalización de una vivienda única y de ocupación permanente. UVA es la Unidad de Valor Adquisitivo que se actualiza por el índice CER, por lo cuál se ajusta por la inflación. 

A partir del año 2017 se desarrolló un crecimiento exponencial de tomadores de créditos hipotecarios UVA, tal es así, que el mercado inmobiliario dio un salto y se registró un aumento de ventas de inmuebles cercano al 40%, y por sobre las ventas de viviendas, más del 60% referían a préstamos otorgados UVA, siendo el Banco Nación uno de los principales otorgantes de crédito.  Era natural que existiera una convocatoria importante, pues las primeras cuotas resultan sumamente accesibles, incluso para familias de clase media baja. 

Sin embargo, con el pasar del tiempo, y el ajuste de las cuotas por la inflación, los montos a abonar se fueron tornando impagables. En  muchos casos, en el comienzo, los préstamos representaban entre el 10 y el 20% de los ingresos de los deudores, pero luego pasaron a representar más del 50%, convirtiéndose en verdaderos destructores de las economías familiares. Hubo casos en los cuales de pagar 16.000 pesos en 2018, se pasó en la actualidad a pagar 165.000. A modo de intentar limitar el flagelo a los bolsillos de las familias, grupos de tomadores recurrieron a la justicia y obtuvieron algunos fallos que pusieron un límite a los aumentos. En diversas sentencias se fijó un porcentaje de 35% como tope medido sobre la base del ingreso del tomador. 

En este sentido, diferentes grupos políticos, lograron que algunos proyectos de ley que intentan modificar las condiciones de los préstamos adquieran estado parlamentario. Fue por eso que la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) salieron al cruce. Según ellos, casi todos los proyectos de ley plantean recálculos obligatorios de cuotas, y en forma retroactiva, y la imposición de tasas máximas. Esto, según las asociaciones ligadas a la banca, vulnera la seguridad jurídica, elemento esencial en la garantía de existencia de créditos hipotecarios en el mundo.