Javier Milei deroga leyes clave de educación vial y prevención de la violencia de género

El gobierno de Javier Milei da un paso al derogar artículos fundamentales de las leyes de educación vial y de prevención de la violencia de género en el ámbito educativo mediante el Decreto 436/2025. Esta decisión se oficializó en el Boletín Oficial y se traduce en la eliminación de deberes y organismos que, según la administración, ya no son necesarios dentro de la actual estructura estatal y la distribución de competencias que hay entre la Nación y las provincias.

Entre las disposiciones derogadas se encuentran el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, lo que impacta directamente en la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y disuelve el Observatorio de la Educación Vial. El decreto, que cuenta con la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se fundamenta en la necesidad de optimizar el uso de recursos públicos y evitar la duplicación de funciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, la existencia simultánea del Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial crea “una superposición de funciones que resulta contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos, estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares”. Este decreto está en línea con las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley 27.742, que estipula la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. En su contenido, el decreto asegura que su implementación permitirá “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común", además de buscar reducir el gasto y equilibrar las cuentas públicas.

En relación con la Ley 27.234, que promueve la jornada de “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos educativos del país, el Gobierno argumenta que dicha responsabilidad no recae en el Estado nacional. Justifican que la administración del servicio educativo fue transferida a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Ley 24.049. El decreto explica que “lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.234 establece una responsabilidad innecesaria sobre el Poder Ejecutivo Nacional, al que no le compete realizar jornadas educativas durante el ciclo lectivo”.

Por otro lado, el Ejecutivo sostiene que el Observatorio de la Educación Vial nunca llegó a operar, lo cual reafirma su posición de que tanto este organismo como el Consejo Federal de Seguridad Vial representan una duplicación de estructuras y funciones. La medida también se envía a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación para cumplir con lo establecido por la Ley 26.122 sobre la intervención legislativa en decretos de delegación. La política del Gobierno nacional busca reducir el tamaño del Estado y eliminar organismos que se consideren innecesarios o redundantes, alineándose con las metas de la Ley 27.742, que abogan por “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.