El Gobierno busca limitar aumentos en las cuotas de medicina prepaga

Las cuotas de medicina prepaga han experimentado en 2024 un incremento, por encima de la inflación, lo que ha llevado al Gobierno a considerar medidas para limitar los ajustes que repercuten en los presupuestos de los sectores medios y jubilados. A lo largo de 2023, las prepagas aumentaron sus tarifas en un 124%, mientras que el costo de vida se ubicó en un 127,8%, apenas debajo de esta cifra. Con la reciente baja en la inflación de enero, que se situó en un 2,2%, la administración de Javier Milei está buscando estrategias para frenar el aumento continuo en los precios por parte de las empresas de medicina privada.

Según las últimas informaciones, se evalúa la implementación de un decreto que regulará los futuros aumentos, de modo que estos ya no se apliquen de manera homogénea a todos los afiliados de una misma prepaga. En su lugar, se establecerá un esquema diferenciado por tipo de plan. Particularmente para las personas mayores, se definirá que los aumentos no podrán superar el triple de lo que se cobra a los afiliados más jóvenes.

En enero, las prepagas ya habían informado sobre incrementos que oscilaban entre el 3% y el 3,9%, cifras que son casi el doble del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general. Las compañías de medicina prepaga justifican estos ajustes aduciendo que el costo de los servicios de salud supera el promedio de inflación.

Al menos cinco de las principales empresas del sector han comunicado a sus afiliados los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero, siendo el incremento máximo del 4%. El escenario se complejiza con la imputación por supuesta cartelización que enfrenta el sector, con empresas como Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE entre las implicadas, así como la Unión Argentina de Salud (UAS) y su representante Claudio Belocopitt.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio han indicado que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia establecerá un plazo de 90 días hábiles para la recopilación de pruebas, con la opción de solicitar una extensión. La cartera liderada por Pablo Lavigne ha subrayado que "el artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia".

La continua presión de los incrementos en las cuotas de las prepagas ha llevado al Gobierno a hacer frente a la situación, que se volvió insostenible tras la decisión de Milei de no intervenir en los precios durante el año anterior. Aseguran que la medida busca proteger a los sectores más vulnerables, que se ven desbordados por los costos de salud. Además, se prevé que se convoquen a las empresas del sector para discutir un marco regulatorio que garantice la transparencia en los aumentos y fomente la competencia, asegurando así un acceso equitativo a la salud.