El Gobierno reestructura ARCA y le baja un 80% el sueldo a los cargos jerárquicos
Continúan los profundos cambios en la ex-AFIP. Se realizará una profunda reestructuración del personal y los sueldos.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno sigue interviniendo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y esta semana clavó una reestructuración que no pasó desapercibida: Ajuste de sueldos a lo grande para los cargos jerárquicos y un recorte en la cantidad de empleados que va a dar que hablar.
El martes se oficializó todo con el decreto 13/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde Milei decidió que el Director Ejecutivo de ARCA cobre lo mismo que un ministro nacional. ¿Y los directores generales de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA)? Van a recibir un sueldo similar al de un Secretario de Estado. Una bajada de línea clara: achicar gastos y dar señales de austeridad.
Pero eso no fue todo. Adorni también se encargó de remarcar que el recorte no se quedaba ahí. Según detalló, se bajó el porcentaje del presupuesto destinado a la famosa “cuenta de jerarquización”, que pasó de 0,65% a 0,60%. Esto, según ellos, representa un ahorro monumental de 121.000 millones de pesos solo en 2025. Números que, según el oficialismo, demuestran el compromiso con ajustar los gastos del Estado.
Por si la baja de sueldos no era suficiente para hacer ruido, el plan también incluye un recorte brutal de la planta de empleados de ARCA. Adorni adelantó en sus posteos que van a meter tijera en un 45% de los puestos superiores y un 35% de los inferiores.
Además, lanzaron un Sistema de Retiro Anticipado para el personal permanente. La disposición 3/2025 establece que ARCA debe tomar las medidas necesarias para implementar esta reducción, con un tope de hasta 1.500 vacantes disponibles.
El Gobierno está decidido a mostrar una gestión austera, achicando gastos y simplificando estructuras que consideran "sobrecargadas". Sin embargo, este tipo de medidas siempre genera polémica. Algunos celebran el ahorro en el gasto público, mientras que otros critican el impacto en los empleados y la posible pérdida de eficiencia en áreas clave como recaudación y aduanas.