Argentina enfrenta deuda contingente por juicios internacionales que superan los USD 30.000 millones
Los litigios en tribunales del exterior, especialmente en Nueva York y Londres, ponen en riesgo hasta USD 18.300 millones. La Procuración del Tesoro busca dilatar las condenas, priorizando problemas económicos más urgentes que atender.
La deuda pública de Argentina no solo se centra en los compromisos asumidos con el FMI y los bonistas, sino que también enfrenta una deuda contingente por juicios iniciados contra el país en tribunales internacionales. Según el informe de Latam Advisors, los montos en disputa ascienden a casi USD 30.000 millones, siendo Nueva York el principal escenario de litigios, seguido por Londres. Además, aproximadamente USD 18.300 millones corren el riesgo de ser ejecutados, debido a sentencias desfavorables o garantías ya depositadas por Argentina.
La Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Rodolfo Barra, mantiene una estrategia que prioriza la dilatación de los juicios, buscando extender el tiempo de respuesta incluso si ello implica realizar desembolsos más pequeños para cubrir las garantías necesarias para apelar. Hasta el momento, no ha habido avances en negociaciones extrajudiciales con el fin de cerrar los reclamos pendientes. La lógica de este enfoque radica en que Argentina enfrenta problemas económicos y de reservas mucho más urgentes que atender estos litigios.
Además, según informantes, existe el temor entre algunos funcionarios de que pagar a los acreedores en estas condiciones podría derivar en juicios políticos en su contra. Un análisis de Latam Advisors detalla los principales casos que enfrenta el país.
Uno de los litigios más es el relacionado con la expropiación de YPF, donde Argentina tiene una condena de USD 16.100 millones y está en proceso de apelación. Sin embargo, al no haber depositado las garantías necesarias, los beneficiarios pueden avanzar con embargos sobre los bienes del país. Otro caso es el referente a los holdouts del default de 2001, donde, a pesar de las reestructuraciones de deuda en 2005, 2010 y 2016 por USD 9.300 millones, todavía persiste un remanente de fondos buitre reclamando USD 1.600 millones, de los cuales USD 510 millones podrían ejecutarse pronto.
La nacionalización de Aerolíneas Argentinas también crea obligaciones para el país, ya que desde 2019 tiene un laudo en contra en el CIADI, que, con intereses incluidos, superará los USD 390 millones. Recientemente, se alcanzó un acuerdo entre los abogados argentinos y el fondo Titan Consortium sobre los términos de pago, que ahora debe ser ratificado por la justicia estadounidense.
Finalmente, la causa del cupón PBI se presenta como otro desafío, con cuatro procesos judiciales en curso. Argentina ya cuenta con una condena firme en Londres de USD 1.450 millones por la manipulación de estadísticas y ha depositado más de USD 300 millones como garantía para apelar.
Con el vencimiento del plazo para pagar la sentencia el 21 de noviembre, la falta de pago podría desencadenar ejecuciones de bienes. Expertos advierten que, sin un enfoque claro y consensuado, Argentina podría enfrentar un ciclo de litigios interminables que agravarían su crisis económica.
