Más de 54.000 empleados públicos fueron despedidos desde la asunción de Milei
El gobierno libertario liderado por Javier Milei implementó una reducción significativa del empleo estatal, concentrada principalmente en empresas públicas clave, afectando sectores esenciales del Estado.
Desde la asunción de Javier Milei en la presidencia de Argentina, se produjo una reducción de 54.176 empleados públicos a nivel nacional, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Esta disminución representa una caída del 15,8% en la dotación total del sector durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y junio de 2025.
El estudio del CEPA destaca que esta política de ajuste se focalizó principalmente en las empresas y sociedades estatales, seguidas por la administración descentralizada y centralizada. En términos porcentuales, la administración centralizada fue la más afectada, seguida por las empresas públicas y la administración descentralizada, con recortes también en la administración desconcentrada y otros entes.
“Una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados”, señala el informe del CEPA. Además, el estudio indica que el Ejecutivo sostiene “la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores” y alerta sobre un recorte persistente en el empleo público durante toda la gestión libertaria.
Entre las empresas públicas que sufrieron mayor cantidad de despidos, el Correo Argentino encabeza la lista con 4.916 desvinculaciones. El informe subraya que esta reducción no solo implica una pérdida laboral considerable, sino que también pone en riesgo funciones esenciales como la conectividad territorial, la prestación de servicios en zonas desatendidas y tareas logísticas clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y soporte en procesos electorales.
La Operadora Ferroviaria S.E. registró 2.801 cesantías, en un contexto de retroceso del sistema ferroviario que impacta directamente en los costos logísticos y el desarrollo de las economías regionales. Aerolíneas Argentinas, por su parte, sufrió 1.780 despidos, afectando no solo al personal sino también a rutas estratégicas para la conectividad federal.
El Banco Nación también fue afectado con 1.831 desvinculaciones, en medio de señales del Gobierno sobre una posible privatización. Asimismo, AySA, encargada del abastecimiento de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, contabilizó 1.594 despidos, lo que pone en peligro la operatividad de un servicio esencial para millones de personas.
Estos despidos generan preocupación entre sindicatos y organizaciones sociales, que denuncian un deterioro en la calidad de los servicios públicos y advierten sobre el impacto social y económico que podría profundizarse en los próximos meses si continúan las políticas de ajuste. El Gobierno defiende las medidas argumentando que la reducción del empleo público busca mejorar la eficiencia estatal y reducir el gasto fiscal, aunque expertos advierten que la falta de personal podría afectar la prestación de servicios básicos y la capacidad de respuesta del Estado.
