Gobierno reduce presupuesto en casi $500.000 millones con impacto en Educación

El Ministerio de Economía anunció este jueves una reducción de créditos presupuestarios cercana a $500.000 millones, según la decisión administrativa 23/25 publicada en el Boletín Oficial. Este ajuste contempla una baja de $120.000 millones en las partidas destinadas a la Educación, afectando programas como becas para estudiantes, infraestructura y desarrollo de la educación superior.

La medida implica un incremento en el cálculo de recursos por $261.613 millones, pero simultáneamente una reducción de $493.531 millones, lo que genera un resultado financiero positivo de $754.744 millones. Desde el Palacio de Hacienda explicaron que se trata de “reasignaciones de partidas con una baja en el gasto primario consistente con nuestra política fiscal”.

Este ajuste se produce luego de que el presidente Javier Milei vetara una ley que proponía un aumento del gasto para las universidades. Tras la operación, el superávit presupuestario pasó de $5,9 billones a $6,6 billones, equivalente al 5% de los recursos totales previstos, según informó la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).

El informe de ASAP detalla que el Gobierno incrementó el gasto en 76 programas por un total de $459.673 millones y redujo recursos en 111 programas por $953.024 millones. Actualmente, el Ejecutivo opera con el presupuesto del 2023 prorrogado para 2024 y nuevamente para 2025, con un gasto presupuestado cercano a $126 billones y recursos estimados en $131,8 billones. Hasta el 9 de septiembre, el nivel de ejecución del gasto alcanza el 62%, mientras que los ingresos están al 71% de lo previsto, por lo que no se descarta una nueva actualización de partidas hacia fin de año.

Los ajustes se distribuyen en $270.854 millones menos en Gastos Corrientes y $222.677 millones en Gastos de Capital. En detalle, las transferencias en Gastos Corrientes disminuyen en $327.563 millones y el gasto en personal en $67.523 millones, mientras que aumentan otros rubros como servicios no personales y bienes de consumo. En Gastos de Capital, las transferencias bajan $305.193 millones, pero crecen los bienes de uso y servicios no personales.

Los ministerios más afectados por los recortes son Capital Humano y Economía, con reducciones que superan $360.000 millones en conjunto. En Capital Humano, la Secretaría de Educación sufrió una baja de $120.033 millones, impactando en la gestión y asignación de becas para estudiantes (-$44.270 millones), desarrollo de la educación superior (-$40.000 millones) e infraestructura y equipamiento (-$12.451 millones).

Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia recortó $67.910 millones, principalmente en acciones de inclusión social (-$55.316 millones) y abordaje territorial (-$3.911 millones). Otros ajustes se aplicaron en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (-$19.480 millones), la Biblioteca Nacional (-$234 millones) y la Administración Central (-$120 millones).

En el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, el presupuesto se redujo en $154.456 millones, con la mayor poda en Infraestructura Económica y Social (-$224.133 millones). La Administración Central resignó $112.801 millones, especialmente en el programa de Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, que sufrió una caída de $93.280 millones en transferencias a empresas privadas y casi $20.000 millones en giros a provincias.

No obstante, algunos organismos vinculados a Economía recibieron incrementos presupuestarios. La Dirección Nacional de Vialidad obtuvo $191.003 millones adicionales para obras de autopistas, mantenimiento y repavimentación de rutas. Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sumó $8.246 millones. Por otro lado, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo sufrió un recorte de $17.381 millones.

Las reacciones no se hicieron esperar: sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles criticaron el ajuste, advirtiendo que podría afectar la calidad y el acceso a la educación. Desde el Gobierno, reiteraron que el recorte busca garantizar la sostenibilidad fiscal sin comprometer programas esenciales.