Javier Milei logró sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal
El triunfo libertario llevó un tiempo mayor al planeado para lograr su sanción. Por su parte el mandatario convocó a un nuevo pacto de 9 de julio para plasmar el acuerdo.
Por redacción
De su presentación el 28 de diciembre del 2023 a su sanción el 28 de junio del 2024 pasaron seis meses para lograr una aprobación mayoritaria de la ley Bases y del paquete fiscal. En la víspera se logró sancionar el marco normativo para que Javier Milei despliegue su plan económico.
Del proyecto original quedaron afuera el uso de togas para jueces, las penas por convocar a manifestaciones, la eliminación de las PASO y el arancelamiento universitario para extranjeros.
Quedaron las facultades excepcionales, el impuesto a las Ganancias, las privatizaciones y la reforma laboral. La combinación que esperanza al Gobierno para absorber divisas es la garantía para fondos internacionales que proponen el RIGI y el programa Blanqueo de Capitales, más allá de las herramientas que tendrá Javier Milei para emitir decretos a partir de la sanción de emergencias.
La extensión del debate y el hastío repercutió tanto en la cantidad de intervenciones de los diputados ("es la tercera vez que hacemos el mismo debate", dijo para este medio con fastidio un legislador que votó a favor) como en el vigor de movilización, que en la medianoche del jueves no expresó ni una Plaza del Congreso colmada ni un despliegue policial semejante al tratamiento del Senado.
Casa Rosada volvió a garantizar la aprobación de sus principales proyectos. Las presencias de Guillermo Francos, Victoria Villarruel y Karina Milei proponían más un compromiso que una presión: buscaron que los diputados que responden a sus gobernadores no cambien a último momento la voluntad acordada.
Los llamados en las últimas semanas reiteraron una conducta que le permitió al exministro del Interior hacerse de la Jefatura de Gabinete. Sus negociaciones hicieron posible el triunfo legislativo a cambio de la mayor cesión en coparticipación, la recomposición de obras públicas y la garantía de distribución de los alimentos judicializados de Capital Humano.
Quedan dos destinos: comprobar los efectos económicos a mediano plazo de la aprobación de las reformas y conocer hasta dónde legislará el Poder Judicial. Los amparos contra el régimen fiscal (principalmente el impuesto a las Ganancias) se dan por sentado y el rol de los jueces será similar a lo que se está aplicando en la actualidad con la judicialización del DNU 70/2023. Además, se espera reacción sindical: trabajadores del aceite y el petróleo ya anunciaron medidas.
