YPF: los fondos buitre vuelven a la carga y piden que Argentina sea declarada en desacato

El litigio por la nacionalización de YPF suma un nuevo capítulo en los tribunales de Estados Unidos. Los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones anticiparon que el próximo jueves 15 de enero presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para pedir que el Estado argentino sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones económicas.

El reclamo apunta, según explicaron, a un supuesto incumplimiento de una orden judicial que obliga al país a entregar registros de WhatsApp y otros servicios de mensajería de determinados funcionarios y exfuncionarios públicos. De acuerdo con el especialista Sebastián Maril, la mayoría de esas presentaciones ya fueron realizadas, aunque todavía quedarían pendientes seis casos.

“Estas presentaciones surgen del supuesto —repito, supuesto— incumplimiento de la Argentina respecto de una orden de discovery”, señaló Maril en un posteo en la red social X. El analista detalló que, al 12 de enero, aún restaban completar seis entregas de información.

En paralelo, fuentes oficiales salieron a responder el planteo de los demandantes. Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes” y rechazaron la idea de un desacato deliberado.

Según explicaron, el proceso de entrega de información se está realizando de manera gradual. “Se vienen haciendo presentaciones parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de los funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron voceros oficiales.

En ese sentido, remarcaron que la gran mayoría de las personas alcanzadas por el pedido judicial ya prestaron su colaboración de forma voluntaria, un punto clave que la defensa argentina buscará destacar ante la jueza Preska para mostrar buena fe y voluntad de cumplimiento.

El pedido de desacato llega en un momento sensible del caso YPF, cuando el Gobierno intenta contener los efectos de un fallo multimillonario que todavía está en disputa y que podría abrir un frente financiero complejo si avanza la ejecución de la sentencia.

Para los demandantes, en cambio, la presión judicial es una herramienta para acelerar el cumplimiento de las órdenes del tribunal y reforzar su posición negociadora. La jueza Preska deberá ahora evaluar si existió o no incumplimiento y si corresponde aplicar sanciones, una decisión que podría tensar aún más la relación entre la Argentina y los tribunales estadounidenses.

Mientras tanto, el expediente sigue sumando escritos y plazos. Con el pedido de desacato sobre la mesa y la defensa en preparación, el caso YPF vuelve a quedar en el centro de la escena judicial internacional, con consecuencias que trascienden lo legal y se proyectan sobre la economía y la política del país.