No hubo ofertas por Intercargo y el Gobierno buscará nuevas alternativas para la empresa

El Gobierno abrió la licitación para vender el 100% de las acciones de Intercargo S.A.U., con un precio base de USD 45 millones, luego de haber extendido dos veces los plazos del proceso. Sin embargo, no se recibieron propuestas para adquirir la empresa.

Fuentes oficiales explicaron que evaluarán otras alternativas para la compañía y atribuyeron la falta de interés a la desregulación del sector aerocomercial, que permitió que 13 prestadores compitan actualmente en servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos del país. Esto cambió el escenario en el cual históricamente operaba la firma estatal.

El diseño del proceso de saneamiento y la posterior privatización se realizó bajo un contexto de mercado abierto, sin una posición dominante respaldada por regulaciones estatales. A pesar de eso, el sector privado no mostró interés en la licitación. Desde el sector, algunos calificaron a Intercargo como una empresa “invendible” en el contexto actual, señalando que las condiciones planteadas para la privatización no resultaron atractivas para los potenciales compradores.

El plan de privatización contemplaba la transferencia total de la empresa, sin que el Estado mantuviera acciones ni representación en el directorio. Intercargo debía continuar operando con sus contratos, licencias y servicios en los 16 aeropuertos donde presta funciones.

Antes de la desregulación, Intercargo tenía el monopolio en los servicios de rampa, ya que las aerolíneas estaban obligadas a contratar sus servicios, salvo excepciones autorizadas. Actualmente, la empresa cuenta con 1560 empleados.

Los conflictos gremiales y las medidas de fuerza realizadas en el pasado por los trabajadores, cuando Intercargo era el único operador, afectaron en varias ocasiones la actividad aeroportuaria. Esto fue uno de los argumentos del Gobierno para abrir el mercado a nuevos competidores y avanzar con la privatización. La licitación fue cuestionada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que en mayo denunció al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a Maximiliano Voss, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), por la forma en que se valuó la empresa.

El gremio calificó el precio base de USD 45 millones como “cuanto menos inentendible”, ya que Intercargo registró un superávit superior a USD 20 millones en su último balance. Además, mencionó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró ante el Congreso que la firma posee USD 55 millones en activos corrientes. Por otro lado, una valuación encargada por el Estado a la consultora Deloitte estimó el valor de la compañía en alrededor de USD 30 millones, cifra inferior al precio base fijado para la licitación.

El año anterior, el sindicato ya había solicitado una medida cautelar para detener la privatización. Entre sus argumentos, sostuvo que el Poder Ejecutivo avanzó “sin cumplir el procedimiento obligatorio establecido en la Ley de Reforma del Estado (23.696)”, al no realizar la tasación previa que esa normativa exige.

Entre las opciones que se barajan están la reestructuración interna y la búsqueda de socios estratégicos. También se contempla mantener la empresa bajo control estatal mientras se ajustan las condiciones para una futura venta.