La privatización de Intercargo quedó desierta: el Gobierno no recibió ofertas para comprar la empresa
La apertura de sobres se realizó este jueves tras dos postergaciones, pero ninguna de las firmas interesadas cumplió con los requisitos exigidos. El Estado buscaba desprenderse del 100% de la compañía por un valor base de US$45 millones.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno sufrió un revés en su intento de privatizar Intercargo. Luego de dos postergaciones, este jueves finalmente se realizó la apertura de sobres para avanzar con la venta de la empresa estatal, pero el proceso terminó sin oferentes válidos.
De acuerdo con la información publicada en la plataforma Contrat.Ar, ninguna de las cinco compañías que habían manifestado interés presentó la documentación requerida ni acreditó las condiciones técnicas y económicas necesarias para participar de la licitación.
La operación contemplaba la venta total de Intercargo, incluyendo el 100% de las acciones en manos del Estado. El precio de referencia fijado por el Ejecutivo era de US$45 millones.
El cronograma original preveía la recepción de ofertas para el 7 de mayo. Sin embargo, la fecha fue reprogramada primero para el 10 de junio y luego volvió a ser aplazada hasta este 25 de junio, cuando finalmente se concretó la apertura de sobres sin resultados positivos para el Gobierno.
Según el último informe de gestión presentado ante el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Intercargo contaba con activos corrientes valuados en unos US$55 millones.
Un mercado que dejó de ser monopolio
La situación se da en un contexto de fuertes cambios dentro del sector aerocomercial. Hace dos años, el Gobierno avanzó con una desregulación que permitió el ingreso de nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos.
Actualmente existen 13 empresas habilitadas para operar en ese segmento, aunque apenas cuatro se encuentran prestando servicios de manera efectiva.
Hasta la apertura del mercado, Intercargo mantenía una posición dominante y era la única empresa autorizada a brindar servicios de rampa y manejo de equipajes en 21 aeropuertos del país, por lo que las aerolíneas estaban obligadas a contratar sus prestaciones.
Los conflictos gremiales, uno de los argumentos oficiales
Desde el Gobierno sostuvieron en distintas oportunidades que los reiterados conflictos sindicales y las medidas de fuerza realizadas por trabajadores de la empresa afectaron el funcionamiento de los aeropuertos y perjudicaron a miles de pasajeros.
Ese escenario fue uno de los principales argumentos utilizados por la administración nacional para justificar tanto la desregulación del mercado como el intento de privatización de la compañía.
Además, entre 2020 y 2023, Intercargo recibió asistencia estatal por alrededor de $6.700 millones para sostener sus operaciones y mantener los estándares de servicio. Desde fines de 2024, el Ejecutivo dejó de aportar subsidios, avanzó con la apertura del sector a operadores privados y puso en marcha el proceso para desprenderse de la empresa.
Por ahora, tras la falta de ofertas válidas, el futuro de la privatización quedó en suspenso y el Gobierno deberá definir los próximos pasos para intentar concretar la venta de la compañía.
