Milei suspende decreto sobre puertos y acuerda con prácticos para destrabar conflicto

El Gobierno Nacional anunció que alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje, que contempla una reducción del 20% en las tarifas por el servicio y la suspensión del decreto 690/2026, que había desregulado la actividad portuaria. Esta medida pone fin a la paralización que los prácticos habían iniciado el 3 de agosto y que dejó más de 185 embarcaciones sin poder operar en los puertos del país.

La instancia de diálogo, coordinada por el Gobierno en conjunto con las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos, tiene como objetivo revisar los puntos de la normativa que generaron el conflicto, en busca de un acuerdo definitivo. Mientras continúan las negociaciones, los prácticos retomaron sus tareas de inmediato para normalizar la actividad portuaria, crucial para la economía nacional, dado que 8 de cada 10 dólares que ingresan al país lo hacen por los puertos. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, estimó que el paro provocó pérdidas de entre 50 mil y 100 mil dólares diarios por cada barco que no pudo entrar al puerto.

El decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Transformación y Desregulación, buscaba actualizar una regulación vigente desde 1991. Su propósito era eliminar restricciones consideradas obsoletas para ampliar la competencia, facilitar el ingreso de nuevos prestadores y reducir costos logísticos que impactan en el comercio exterior.

Entre otros cambios, la norma permitía que los prácticos fueran contratados libremente por los usuarios, eliminaba la segmentación geográfica y ampliaba las exenciones de contratación para ciertos buques. Además, la Prefectura Naval Argentina mantendría un registro abierto sin límites en la cantidad de profesionales habilitados. El economista Sturzenegger defendió la iniciativa afirmando que “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.

Desde la oposición, John Ryan, presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, manifestó su preocupación por los riesgos que implicaría la nueva normativa: “La seguridad de la navegación y la seguridad individual se encuentran enormemente vulneradas con esta nueva regla”. Añadió que el rol de los prácticos es similar al de un controlador aéreo que asiste en la llegada y partida de los buques.

Ryan también aclaró que desde 1991 el servicio está desregulado en cuanto a la cantidad de prácticos y que las tarifas están reguladas por el Estado desde 2018, funcionando como topes máximos, no como precios libres. El acuerdo busca garantizar la seguridad en la navegación y la estabilidad laboral, mientras se avanza en una revisión conjunta de la normativa para modernizar el sector sin afectar la operatividad ni los puestos de trabajo.