El Gobierno apeló el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes
Diez días después del fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a entregar acciones de YPF a Burford y Eton Capital, el gobierno de Javier Milei presentó un recurso para llevar el caso a la segunda instancia en la justicia estadounidense.
El gobierno de Javier Milei presentó este jueves una apelación contra la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital. Estos fondos son los demandantes en un juicio que se originó tras la estatización de la petrolera en 2012.
La apelación fue difundida por Sebastián Maril, consultor especializado en litigios internacionales para América Latina, y tiene como objetivo trasladar el caso a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para intentar revertir la decisión inicial. Anteriormente, el Gobierno argentino había solicitado a la jueza Preska suspender la ejecución del fallo mientras la cámara revisora evalúa el recurso, argumentando que cumplir la sentencia causaría un "daño irreparable" para el país.
En su resolución del 30 de junio, Preska ordenó que el Estado entregue el control mayoritario de YPF en un plazo de 14 días, como parte de la indemnización fijada en USD 16.100 millones más intereses, establecida en 2023. Sin embargo, la jueza eximió a YPF como empresa de cualquier responsabilidad en el proceso. Los abogados argentinos trabajan en la apelación para revertir la orden, mientras que los demandantes también planean presentar un recurso para que se incluya a YPF como responsable en la causa, lo que podría ampliar el alcance de la demanda.
Burford Capital compró en España la posibilidad de reclamar contra Argentina por la quiebra de las compañías Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Estas empresas, controladas por la familia Eskenazi, poseían un 25% de YPF al momento de la estatización.
La estatización de YPF se concretó en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Congreso aprobó la expropiación del 51% de las acciones que tenía la española Repsol YPF SA. Se pagaron USD 5.371 millones por esta participación, pero los accionistas minoritarios no recibieron oferta pública de adquisición para vender sus acciones al Estado ni pudieron cobrar dividendos por un tiempo, lo que, según los demandantes, provocó una caída en el valor de sus títulos.
La jueza Preska consideró que Argentina incumplió el estatuto de YPF y perjudicó a los accionistas minoritarios, por lo que estableció la indemnización millonaria, aunque dejó fuera de responsabilidad directa a la empresa petrolera. El Ejecutivo sostiene que la entrega de acciones afectaría la soberanía energética y la estabilidad económica, y busca que la apelación frene la ejecución mientras se resuelve el fondo del litigio en tribunales superiores.
