Gobierno oficializa reestructuración del Ministerio de Economía y organismos descentralizados
El Decreto 585/2025 redefine funciones y fusiona áreas clave en agricultura, industria y transporte, centralizando decisiones y generando debate sobre innovación y gestión productiva.
Este lunes, el Gobierno promulgó el Decreto 585/2025, que introduce una reestructuración profunda en el Ministerio de Economía y en diversos organismos descentralizados. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar recursos y evitar duplicidades dentro de la administración pública, afectando áreas estratégicas como agricultura, industria y transporte.
El decreto impacta en entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la Casa de Moneda, entre otras. La Secretaría de Industria y Comercio, por ejemplo, amplía su rol para incluir negociaciones internacionales con la Unión Europea y el MERCOSUR en materias de su competencia. En materia regulatoria, la Subsecretaría de Gestión Productiva incorpora la supervisión de actividades vinculadas con el cáñamo industrial y su biomasa, excluyendo la flor, además de colaborar en la conclusión del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.
Respecto al sector agrícola, el decreto dispone la disolución del INASE y del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), trasladando sus funciones y personal a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, se eliminan objetivos relacionados con la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo en leyes de fomento ganadero y caprino. La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional asume la actualización del Código Alimentario Argentino, mientras que la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal pierde competencias en la aplicación de leyes sectoriales específicas.
El INTA experimenta una reestructuración, con la eliminación de 46 unidades organizativas, principalmente de carácter administrativo y de apoyo. La toma de decisiones se centraliza en el presidente Nicolás Bronzovich, quien asume responsabilidad exclusiva sobre el organismo. Además, se eliminan órganos de conducción con representación privada y se consolidan los centros regionales y de investigación en cinco áreas temáticas: Agroindustria, Ciencias Veterinarias, Recursos Naturales, Economía Agropecuaria y Agropecuarias.
El Gobierno justifica esta reforma señalando la existencia de una “estructura burocrática inflada” y la “superposición de funciones”. Sin embargo, asociaciones técnicas del INTA han expresado preocupación, advirtiendo que los recortes podrían afectar la innovación agropecuaria. Por su parte, desde la Bolsa de Cereales valoran que la simplificación administrativa permitirá agilizar la transferencia tecnológica.
En el área de transporte, la Secretaría establece nuevas estructuras para la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Además, transfiere la Dirección de Estadística Vial a la Secretaría de Transporte y otras áreas de la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Subsecretaría de Transporte. No se modifican las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad debido a una medida cautelar vigente.
Otras modificaciones relevantes incluyen la incorporación del INV y la Dirección Nacional de Semillas como unidades de primer nivel bajo la Secretaría de Agricultura, así como la aprobación de una nueva estructura para el INPI, que pasa a depender de la Secretaría de Industria y Comercio. La Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal se consolida como empresa y ente del sector público nacional bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El decreto otorga al Ministerio de Economía facultades especiales para realizar futuros ajustes en la estructura de los organismos afectados, siempre que no impliquen aumentos en las partidas presupuestarias. Los gastos derivados de la reorganización se cubrirán con créditos presupuestarios existentes hasta la adecuación pertinente. El INTA tiene un plazo de 90 días para implementar la nueva estructura, mientras que la Sindicatura General de la Nación debe presentar un informe sobre el impacto financiero de la reestructuración.
