Ministro de Transporte bonaerense advierte que muchas empresas de colectivos están al borde de la quiebra
El aumento del precio del gasoil y la falta de subsidios nacionales generan una crisis en el transporte público de Buenos Aires, con reducción de frecuencias y suspensión de servicios en varias líneas.
En los últimos días, el sistema de transporte público en la provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis debido al incremento del precio del gasoil dispuesto por el Gobierno Nacional, que elevó el costo a $2.050 por litro. Esta suba impactó directamente en la economía de las empresas de colectivos, que han debido reducir frecuencias y replantear sus operaciones para intentar sostener el servicio.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, explicó que esta situación afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector y genera un estado de emergencia en la prestación del servicio. Según el funcionario, “el impacto que genera la estructura de costo, este aumento de combustible, definitivamente hace inviable el sistema y definitivamente es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan”.
Una de las compañías más afectadas es General San Martín, que opera en la zona norte del conurbano bonaerense y suspendió completamente sus servicios debido a que sus choferes no cobraron sus salarios. Mientras tanto, otras líneas mantienen operaciones, aunque con una reducción significativa de las frecuencias, especialmente en las líneas interjurisdiccionales que cruzan la General Paz, donde las frecuencias disminuyeron más del 30% en los últimos días.
Las concesiones estatales establecen frecuencias y horarios obligatorios para cada línea, por lo que la reducción de servicios implica un incumplimiento de estos contratos. Desde el Ministerio bonaerense se están realizando auditorías para evaluar cómo estas modificaciones afectan a las compensaciones que reciben las empresas. Marinucci señaló que actualmente “se incumple el convenio y contrato de concesión, ya que las empresas se comprometen a una determinada frecuencia con paradas y horarios específicos, lo cual no se está respetando”.
El conflicto involucra a las empresas, el Estado provincial y los trabajadores. Algunos gremios denunciaron retrasos en el pago de salarios, lo que derivó en la suspensión de servicios en ciertas líneas. Los empresarios solicitaron anticipos de subsidios para poder afrontar gastos operativos y cumplir con sus obligaciones laborales.
La provincia de Buenos Aires destina $65.000 millones mensuales en subsidios para mantener tarifas subsidiadas y que los usuarios paguen solo una parte del costo real del pasaje. Las líneas provinciales y municipales reciben estos aportes para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, la deuda del Estado nacional con la provincia dificulta la situación. Marinucci detalló que la Nación adeuda unos $16.000 millones correspondientes al programa Atributo Social y no transfirió $46.000 millones de subsidios de diciembre a febrero.
La estructura de costos de las empresas destina un 15% al combustible, por lo que el aumento del gasoil y la exigencia de pago en efectivo por parte de las petroleras agravaron la crisis. Ante esta coyuntura, el gobierno provincial decidió adelantar pagos de subsidios de abril y aumentar los anticipos al 60% para evitar la interrupción del servicio mientras siguen las negociaciones con las cámaras empresarias y la Nación.
El ministro advirtió que el mayor riesgo es la quiebra de muchas empresas, lo que implicaría no solo la reducción sino la eliminación definitiva de servicios. Marinucci afirmó: “el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”.
Además, se cuestiona la falta de coparticipación por parte del Estado nacional de los ingresos provenientes del impuesto al combustible, que han crecido al ritmo del aumento del precio. Esta ausencia de transferencia limita la capacidad provincial para sostener el sistema y obliga a buscar alternativas dentro de los márgenes presupuestarios disponibles.
El costo técnico del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de $1.950 por pasaje, aunque los usuarios pagan menos gracias a los subsidios provinciales y nacionales. El conflicto entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado continúa abierto, con una mesa de negociación que busca soluciones temporales para evitar que la crisis se profundice.
