El Gobierno habilita el pago voluntario de multas de Defensa del Consumidor con un 50% de descuento
Mediante el Decreto 377/2026, se permite a los proveedores sancionados abonar multas con mitad del monto si aceptan la sanción y pagan en diez días hábiles, buscando agilizar procesos y reducir litigios.
El Gobierno implementó un nuevo mecanismo para el pago de multas relacionadas con infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, que consiste en un régimen de “pago voluntario” con una reducción del 50% del monto total. Esta medida fue oficializada a través del Decreto 377/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la normativa vigente, los proveedores sancionados podrán optar por cancelar sus multas con este descuento siempre que acepten la sanción y realicen el pago dentro de un plazo de diez días hábiles desde la notificación. Esta opción busca facilitar el cumplimiento y evitar demoras en los procesos administrativos.
Sin embargo, el beneficio se pierde si el infractor decide impugnar judicialmente la multa mediante el recurso directo previsto en el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor. En esos casos, si la resolución administrativa es confirmada, el pago deberá efectuarse en su totalidad sin descuentos.
El Ejecutivo explicó que el sistema sancionatorio anterior no contemplaba incentivos para el pago anticipado de multas, a diferencia de otros regímenes aplicados en normativas relacionadas con el comercio interior y en procedimientos administrativos a nivel provincial y municipal. Este nuevo régimen busca reducir la litigiosidad tanto administrativa como judicial, disminuir los costos operativos para el Estado y las empresas, y promover una gestión pública más ágil y eficiente en la tramitación y resolución de expedientes.
Con esta iniciativa, la administración nacional pretende acelerar el cierre de causas vinculadas a infracciones de consumo y aliviar la carga de reclamos y apelaciones que llegan a la justicia, contribuyendo así a una mayor eficacia en el sistema. La modificación forma parte de un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno destinadas a simplificar los procedimientos administrativos y acortar los tiempos de resolución en diversos organismos estatales.
La medida estará vigente por un año y se aplicará a todas las multas notificadas a partir de su publicación. Se espera que esta iniciativa incentive el cumplimiento temprano y fortalezca la protección de los derechos de los consumidores.
Las autoridades destacaron que esta herramienta beneficiará tanto a proveedores como a consumidores, al agilizar la resolución de conflictos y promover un mercado más transparente y responsable. Además, se fortalecerá la fiscalización y el cumplimiento normativo.
