Nuevos controles del Gobierno fortalecen la trazabilidad de dólares en operaciones agropecuarias
La Comisión Nacional de Valores implementó medidas para identificar el origen y destino de fondos en el mercado de capitales, con foco en el sector agroindustrial y la prevención del lavado de dinero.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó una resolución que introduce nuevos requisitos para controlar el ingreso y salida de fondos en el mercado de capitales, con especial atención a las operaciones vinculadas al sector agropecuario. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino, la soja es la principal fuente de divisas para el país, generando más de 20.000 millones de dólares anuales. En este contexto, la CNV busca reforzar la trazabilidad financiera y prevenir maniobras de lavado de dinero y evasión en un sector que maneja grandes volúmenes de dinero.
La Resolución General 1140/2026, publicada en el Boletín Oficial, actualiza las normativas existentes para establecer que las transferencias para operar en el mercado financiero deben originarse en cuentas bancarias o billeteras virtuales identificables y habilitadas. Además, incorpora disposiciones específicas para actividades agropecuarias, agroindustriales y de corretaje de granos.
Una novedad clave permite que los agentes vinculados al agro canalicen fondos de sus clientes desde cuentas bancarias asociadas a estas actividades hacia operaciones en el mercado de capitales. No obstante, se exige una trazabilidad completa y la correcta identificación del origen y destino de los fondos, incluyendo datos como CUIT, nombre y apellido de cada cliente involucrado. La medida también alcanza a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y a otros actores relacionados con operaciones agroindustriales, imponiendo nuevas obligaciones documentales y de identificación para las transferencias destinadas al mercado financiero.
Además de fortalecer los controles financieros, la CNV introdujo mejoras administrativas para agilizar sus procesos internos. Entre estas, delegó nuevas facultades a gerencias y subgerencias para resolver trámites técnicos sin la intervención directa del Directorio. Entre las competencias delegadas se incluyen la inscripción y cancelación de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), en línea con la regulación creciente sobre plataformas y operadores de criptomonedas.
Estas medidas buscan transparentar las operaciones y evitar el uso indebido de divisas, garantizando un flujo legal y seguro de fondos. Además, se espera mejorar la confianza de inversores y actores del sector agroindustrial en el mercado financiero nacional.
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del próximo mes, y las entidades financieras deberán adaptar sus sistemas para cumplir con los requisitos de reporte y verificación. Se prevé un seguimiento estricto para detectar irregularidades y fortalecer la transparencia en el sector.
