Milei y Sturzenegger eliminan requisito de registro en la obra pública: los detalles
El anuncio del presidente y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, abre las puertas a nuevas empresas y extranjeros en las licitaciones, desmantelando un sistema que, según el gobierno, favorece la cartelización y limita la competencia.
El presidente Javier Milei, junto al ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planea realizar cambios en la normativa que regula la obra pública en el país. Este ajuste se produce en un contexto en el que los constructores están siendo juzgados por el caso de los cuadernos de las coimas.
El Gobierno se dispone a eliminar el requisito de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, estipulado en el artículo 13° de la ley 13.064 de 1947. Este artículo ha sido considerado una "bolilla negra" para quienes desean participar en licitaciones, dado que aquellos que no están en el registro no pueden trabajar para el Estado.
La administración actual ha decidido que con una simple declaración jurada será suficiente para presentarse a licitaciones. Sturzenegger afirma: "Quien se presente y diga que lo puede construir, podrá hacerlo sin problemas", aunque luego deberán hacerse responsables de las consecuencias de no cumplir con la obra o de mentir en sus declaraciones.
La actual normativa del Registro, que otorga un certificado de capacidad de construcción, ha sido criticada por fomentar la falta de competencia. Según argumentan desde el Gobierno, las empresas ya establecidas saben que tienen garantizada una porción de la obra, lo que les impide bajar precios. La reglamentación vigente permite la inscripción de personas físicas y jurídicas en el Registro, pero el ministro Sturzenegger se pregunta por qué empresas de otros sectores no podrían involucrarse en la construcción. "En su caso podrá contratar una constructora que haga la obra", señala, lo que podría abrir la puerta a una mayor variedad de empresas en futuras licitaciones.
Además, las reformas permitirán la participación de empresas extranjeras en las licitaciones, un cambio que el Gobierno espera que fomente la competencia en la industria de la construcción. Sin embargo, en el ámbito gubernamental reconocen que el registro actual favorece la cartelización. El certificado de capacidad de construcción ha asegurado que las empresas que ya tienen experiencia mantengan una ventaja competitiva en el proceso de licitación.
El panorama se complica aún más por la reciente decisión del Gobierno de exigir a la Secretaría de Obras Públicas la devolución de un billón de pesos, fondos que han sido destinados a proyectos de infraestructura. Esta movida se suma a la reciente reducción del aporte del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), recursos que originalmente se habían asignado a materiales de viviendas y otras obras de infraestructura. Así, al cierre del año, la administración de Milei ratifica su postura de no destinar más recursos a la obra pública, dejando en evidencia el alto costo de estos cambios normativos y fiscales para el sector.
