Milei oficializa veto a leyes de aumento a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad
El presidente rechazó tres proyectos sociales aprobados por el Congreso, argumentando un costo fiscal de 17 billones de pesos y vicios en el proceso legislativo.
El gobierno nacional oficializó el veto total a tres leyes sociales sancionadas recientemente por el Congreso, mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 534/2025. El presidente Javier Milei rechazó las normas que contemplaban un aumento a las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo calificó los proyectos como fiscalmente irresponsables, señalando que implicarían un gasto adicional cercano a 7 billones de pesos en 2025 y alrededor de 17 billones en 2026. Esto representaría casi el 1% del PBI en 2025 y el 1,68% para el año siguiente, lo que, según el gobierno, pondría en riesgo el equilibrio fiscal considerado "innegociable".
Además, el Ejecutivo denunció irregularidades en el proceso legislativo que llevaron a la aprobación de estas leyes. Indicó que la sesión del Senado del 10 de julio se realizó sin la citación previa requerida y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con mayoría simple, cuando se necesitaba una mayoría especial de dos tercios, describiendo esta situación como una "ilegítima interpretación del Reglamento".
Los detalles de las leyes vetadas son los siguientes:
Jubilaciones: se proponía un aumento de emergencia del 7,2%, la creación de un bono permanente de $110.000 actualizado y transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas. Moratoria: buscaba reinstalar por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, facilitando el acceso a la jubilación sin completar los 30 años de aportes y flexibilizando requisitos para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Discapacidad: declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, establecía una nueva Pensión No Contributiva y una compensación económica para los prestadores del sistema.
Tras la oficialización del veto, la discusión regresará al Congreso, donde la oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir en la aprobación de estos proyectos, desafiando el rechazo presidencial. La medida generó críticas desde diversos sectores sociales y políticos, que alertan sobre el impacto en los sectores más vulnerables. Por su parte, el oficialismo defendió la decisión como necesaria para mantener la estabilidad económica y evitar un aumento insostenible del gasto público.
